La evolución institucional de Corsica hacia un todavía hipotético estatus de autonomía ha dado lugar a una oleada de posicionamientos a la que no ha querido permanecer ajeno el presidente de Nueva Aquitania, macrorregión en la que se incluye el departamento de Pirineos Atlánticos y, por ende, Ipar Euskal Herria.

Alain Rousset ha cogido inmediatamente el guante lanzado desde Bretaña por el presidente regional, Loïc Chesnais-Girard, que al calor de la visita de Emmanuel Macron a Corsica, la semana pasada, no ha dudado en abrir el juego para defender la oportunidad de «intentar algo diferente al centralismo».

La reunión de la asociación de regiones, en la localidad bretona de Saint-Malo, servía al dirigente, que se sitúa en un vector ideológico próximo a Rousset, para plantear una nueva fase descentralizadora.

La aprobación por el consejo bretón, en abril de 2022, de una propuesta en favor de una «autonomía legislativa, reglamentaria y fiscal» sirve hoy de aval político a Chesnais-Girard, en cuyo espejo se mira, a su manera, el socialista Rousset, desde Burdeos.

«Si hay un gesto de cara a avanzar hacia una suerte de VI República descentralizada creo que sería compatible con ese discurso de Chesnais-Girard», resumía en su comparecencia de arranque de curso político, el viernes, según recoge el digital placeco.fr.

Interlocutor habitual de las instituciones de Iruñea y Gasteiz, Rousset se declara «reconfortado» en sus conocidos postulados en favor de un «Estado descentralizado».

Aunque no desaprovecha la oportunidad de aguijonear a Emmanuel Macron sacando a relucir los medios deficitarios de que disponen las regiones a la hora de asumir las exigen que les llegan desde París.

«TINTES COLONIALES»

Recurriendo a una expresión empleada por el exprimer ministro Michel Rocard hace ya medio siglo, Alain Rousset no duda en atribuir tintes «un tanto coloniales» al modelo de relación que el Estado mantiene con los territorios.

En la antesala del debate del presupuesto regional, Rousset se queja de la bajada en un 6% de la dotación estatal y del descenso de los ingresos por impuestos como el IVA que no alcanzan a compensar el efecto de la inflación.

Estima que esa política «no solo ataca al presupuesto sino que también cuestiona la libertad a la hora de ejercer las políticas territoriales».

A partir de ahí, el presidente Rousset anuncia una iniciativa por la que Nueva Aquitania y Bretaña encargarán a juristas un estudio que tomaría como base las dos últimas normas sobre reorganización administrativa adoptadas en el Estado francés, a saber la Ley NOTRe (2015) y la Ley 3DS (2022).

La primera norma dio a París una tijera para trocear el mapa hexagonal en trece grandes regiones, en las que se juxtaponen territorios sin conexión alguna y se disimulan realidades nacionales. Ipar Euskal Herria y Limousin, por poner solo un caso, comparten macrorregión.

Todo bajo la pantalla de una pretendida modernización de la carcasa republicana, en la que se prima la referencialidad de metrópolis como Burdeos, Lyon o Marsella.

La Ley 3DS (diferenciación, descentralización, desconcentración y simplificación) aporta mecanismos que permiten, a priori, a las colectividades territoriales contar con más competencias -otra cuestión son los recursos financieros- y a experimentar con políticas propias con un cierto nivel diferencial, siempre bajo el ojo escrutador de París.

Sin evocar de partida la autonomía, esos son los dos pilares normativos sobre los que el presidente de la Región de Nueva Aquitania plantea encargar ese análisis jurídico cuyo objetivo final sería «elaborar propuestas concretas sobre transferencias de competencias».

Alain Rousset avanza que las asambleas regionales de Bretaña y Nueva Aquitania votarían el texto dando después «un año de plazo» al Gobierno de Emmanuel Macron para responder a la propuesta impulsada desde esas dos entidades administrativas.

EL TREN

El dirigente socialista no oculta su ambición de que en la futura tabla de demandas a París aparezcan materias como el desarrollo económico o la movilidad, con especial atención al trazado ferroviario. Conocido defensor de una nueva línea de Alta Velocidad para dar continuidad al TAV desde Hendaia, Rousset cree que el informe crítico emitido por la autoridad medioambiental implica «un problema de método, pero no de fondo».

Con todo, confía en que la presión de una UE «enfadada con la actitud de París» encarrile un «proyecto que no avanza a suficiente velocidad».