El TSJPV anula parte del decreto que que da prioridad al uso del euskara

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio a conocer ayer una sentencia en la que estima un recurso de Vox y anula varios artículos, y parte de otros, del decreto que desarrolla la ley municipal sobre el uso del euskara. El fallo no es firme, por lo que Lakua puede interponer recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hizo pública ayer su enésima resolución contra la normalización del euskara. La sentencia de la Sala presidida por Luis Ángel Garrido anula varios artículos del decreto que desarrolla la norma que prioriza el uso del euskera en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Tras admitir el recurso de Vox, deja sin efecto tres órdenes y partes de otros cuatro artículos.

Según el recurso de la formación liderada por Santiago Abascal, la realidad sociolingüística de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «no faculta a las entidades locales para hablar exclusivamente en euskera con la ciudadanía», lo cual ha sido estimado parcialmente por el tribunal.

La sentencia, dictada el 28 de septiembre, anula el artículo 9.2, la primera parte del artículo 11 y la totalidad del artículo 12, y también revoca parte de los artículos 18, 24, 27 y 36. Pero aún no es firme, por lo que Lakua puede interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

ARTÍCULOS ANULADOS

Uno de los artículos invalidados es el 9.2, según el cual «la planificación lingüística se orientará a posibilitar que las actividades municipales puedan desarrollarse en euskera. Para ello, adoptarán medidas para que el municipio funcione en euskera, especialmente en los espacios vivos del euskera».

Igualmente, la sentencia deja sin efecto el primer párrafo del artículo 11: «Los municipios, en función de su situación sociolingüística, incluirán aspectos como el uso oral y escrito de las lenguas oficiales en el funcionamiento interno de los órganos locales, el formato de los documentos, los actos públicos, las campañas publicitarias, la rotulación de la vía pública e incluso la contratación administrativa».

También es anulado totalmente el artículo 12, que estipula que las entidades locales y las demás integrantes del sector público local «planificarán y regularán, de acuerdo a su situación sociolingüística, el uso del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo normal y general, de acuerdo con los criterios recogidos en los artículos siguientes». En el artículo 18 se establece la preferencia del uso del euskara en los documentos públicos, lo que también queda anulado, al igual que determinadas pautas del artículo 24 y del artículo 27, relativas al modo de empleo de la lengua por parte de las entidades del sector público y a la prioridad de transmisión en esa lengua de la información telefónica o por medio de altavoces.

Queda también invalidada la orden del artículo 37 que establece que cualquier documento podrá redactarse únicamente en una de las lenguas oficiales, así como la parte referida a las condiciones de ejecución de los contratos.

PRECEDENTES

Esta es la segunda sentencia contra el euskera en los últimos tres meses después de la del Tribunal Constitucional español del pasado julio, en la que anuló el artículo 6.2 de la Ley Municipal de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa al considerar que «perjudicaba» el uso del castellano y daba al euskera un uso preferente. También entonces la petición fue llevada a los juzgados por Vox. Pero no son los únicos ataques al euskara en las instituciones, por lo que no resulta descabellado hablar de ofensiva en su contra.

El pasado mayo, un juzgado de Bilbo rechazó la exigencia del nivel B2 de euskara a un policía municipal de Erandio; en marzo, el TSJPV consideró «abusivo» y dejó sin efecto solicitar el conocimiento del euskera en varias plazas de la convocatoria de empleo por parte de la Fundación autónoma de la Diputación de Gipuzkoa Uliazpi; en enero, el mismo tribunal anuló la exigencia de un perfil lingüístico en euskara como requisito para la subrogación de los trabajadores de una contrata del Ayuntamiento de Barakaldo que gestiona servicios culturales.

También en años anteriores hubo sentencias del mismo signo. Así, en mayo de 2021 el TSJPV suspendió los perfiles lingüísticos de 12 plazas para el servicio de Policía Local de Irun, por considerarlos «discriminatorios» con respecto a quienes no saben euskera, y en febrero de 2022 una jueza de Gasteiz declaró nulo el cese de una trabajadora del Ayuntamiento de Laudio que no cumplía el perfil lingüístico porque la lengua vasca «ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo».

Kontseilua: «Larritasun handikoa»

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia «dudarik gabe, larritasun handikoa» dela nabarmendu zuen atzo Euskalgintzaren Kontseiluak ohar baten bidez, baita «argudio bat gehiago» ematen diela ere «oldarraldi judizial hau salatzeko».

Esan zuenez, are larriagoa da «Udal Legearen garapen dekretua izanik, erabat edo hein handian baliogabetzen dituelako udal eremuan une honetan aurrera eraman daitezkeen euskararen normalizazioaren aldeko politika publikoak» eta ez duelako aintzat hartzen euskararen eta euskal hiztunen egoera minorizatua. Halaber, epaiak «euskararen normalizazioaren aldeko politika publikoak behar direnik edo egingarri direnik» ukatzen duela uste du. Hortaz, «botere judizialetik hizkuntza politika egiten jarraitzea» arbuiatu zuen.

Lakuako Gobernuaren bozeramaile Bingen Zupiriak ere gogor kritikatu zuen epaia. Iragarri zuenez, Gobernuaren zerbitzu juridikoek aztertu egin beharko dute, eta helegitea aurkeztu edo ez erabaki. Edonola ere, Zupiriaren ustez, Lakuak helegite bat aurkeztu behar luke Auzitegi Gorenaren aurrean, politikaren judizializazioaren kasu argia dela iritzita.

Epaiaren larritasuna salatu zuen EH Bilduk ere, «oso kezkatuta». Unai Urruzuno koalizioko Mahai Politikoko bozeramaileak adierazi zuenez, Auzitegi horren erabaki honekin, «beste behin ere, gure herriaren subiranotasuna zalantzan jartzen da», eta «larritasuna are handiagoa da», gaineratu zuen, «Espainiako ultraeskuinak, kasu honetan Voxek, salaketa jarri ondoren hartu delako erabakia». GARA