Se considera clave el preámbulo de la Ley de Amnistía. ¿Hay algo a lo que pueda aferrarse la mayoría conservadora de la judicatura?

El preámbulo de un decreto ley no tiene efecto jurídico, pero ayuda a interpretar la norma. Y en este caso está muy trabajado. Alude a muchas jurisprudencias del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cubren tanto la constitucionalidad como su adecuación al convenio europeo de derechos humanos. Además, explica muy bien la proporcionalidad de su aplicación en aras de reparar la profunda crisis que generó una desigualdad jurídica anterior. Sinceramente, el preámbulo me parece impecable. Sin embargo, he encontrado algún detalle que me resulta dudoso en el texto.

¿Cuál?

No termina de definirse con claridad quiénes están sujetos a la ley. En especial, en lo referente a los disturbios que se produjeron antes y después del 1 de octubre de 2017. La norma amnistía las causas relacionadas con el Procès, las manifestaciones que se organizaron y a los líderes, pero no habla nada de aquellas protestas que se convocaron en contra del poder judicial, que es una cosa diferente. Todo esto no se explica con nitidez en el texto provisional y puede ser constitutivo de inconstitucionalidad. Mi recomendación es que deberían afinarla un poco más porque tienen tiempo.

A pesar de reconocer que los jueces actuaron con intención política en el Procès, ha criticado el uso del término ‘lawfare’ en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts. ¿Por qué?

Como jurista puedo analizar la actuación de un juez y detectar que no ha aplicado justicia en un caso, incluso que ha dictado una sentencia bajo la influencia de su voluntad política. Pero es mi consideración personal fruto de un análisis más o menos crítico. Sin embargo, que un partido que aspira a formar un gobierno exprese por escrito que ha existido ‘lawfare’ en el proceso abierto contra los líderes soberanistas catalanes siembra de dudas todo el sistema, al generalizar la acusación del mal funcionamiento de uno de los tres poderes del estado.

El Supremo ya ha rechazado la fiscalización de los jueces por parte de una comisión parlamentaria

Insisto en que la inclusión de ‘lawfare’ en el acuerdo político me parece un error. En la ley de amnistía no lo citan. Pero todo esto no debería impedir una explicación sobre la quiebra del estado de Derecho, que empezó el día en que el Supremo decidió, sin ser competente, que iba a juzgar en única instancia a los líderes catalanes y decidió castigar con penas de 13 años de cárcel a quien convocó una manifestación. Para entender lo que ocurre habría que mirar un poco hacia atrás, al año 2015, cuando Mariano Rajoy, viendo lo que empezaba a suceder en Catalunya, decidió que no tenía nada que negociar ni que él era el más indicado para decir nada. Y trasladó un conflicto político a los jueces mientras él se fumaba un puro. El Constitucional de la época y, sobre todo, el Supremo, asumieron el encargo de defender la unidad del Estado arrogándose un papel político que no les corresponde.

El TC se inventó cosas inauditas, como que el Parlamento catalán no tenía derecho ni siquiera a debatir sobre la autodeterminación. Después llegó el TS para rematar la faena, por ejemplo, reinterpretando el delito de sedición. Y quiero recordar su negativa a aplicar la reforma de la Ley de malversación aprobada por el Congreso porque su objetivo era meter en la cárcel a los líderes catalanes por encima incluso de lo que legisle el Parlamento. Ellos se han saltado el Estado de derecho diciendo claramente que aunque se cambie una ley en el Parlamento, como la de malversación, no la van a aplicar.

¿Cree que tratarán de boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía?

El Supremo no está actuando como un tribunal de justicia. Está reivindicando su papel de defensor absoluto de la unidad de España. Como sea. Más allá de la ley si es necesario. Por lo tanto, son capaces de lo que haga falta.

El Poder Judicial se ha movilizado en Europa contra la Ley de Amnistía. ¿Qué recorrido augura a esta ofensiva?

En la propia Ley se explica con claridad que la amnistía es una norma que existe en muchos países del continente y que no es extensible a ningún delito que estén obligados a perseguir. Por lo tanto, no creo que la ofensiva de esos jueces tenga ningún efecto.