PNV y PSE están rechazando, sin ni siquiera debate, todas las enmiendas que está presentado EH Bildu a la Ley de Educación, entre ellas aquellas que reclamaban que se concretaran los requisitos que los centros escolares concertados deben cumplir para poder recibir financiación pública y, al mismo tiempo, están impidiendo también que se regule qué consecuencias tendrá el incumplimiento de esos requisitos y qué tipo de sanciones se les impondrán.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese lo denunció ayer en el Parlamento, en una pregunta al consejero de Educación, Jokin Bildarratz. Recordó que los ejes del pacto educativo eran dar un salto en la euskaldunización y definir el Servicio Público Vasco de Educación, y PNV y PSE están impidiendo lo uno y lo otro. Apuntó que la ley debería definirlas con precisión y aseguró que no se está haciendo, lo que provoca que la ley vaya a ser «ambigua, llena de indefiniciones y con posibilidad de hacer de ella interpretaciones contrapuestas».

El principio de garantizar el conocimiento del euskara al terminar la educación obligatoria ha quedado en cuestión con la «autoenmienda» presentada por PNV y PSE que pone los actuales modelos lingüísticos como base, en opinión de EH Bildu. Y Arrese afirmó que con el rechazo de sus enmiendas también se está poniendo en cuestión la base del Servicio Público Vasco de Educación.

«UN CHOLLO»

Arrese recordó que «el Acuerdo Educativo decía qué condiciones tienen que cumplir los centros educativos para ser considerados de interés social y, por tanto, recibir financiación pública, es decir, qué obligaciones tienen que cumplir». Sin embargo, ve que en el proyecto eso se ha cambiado y ya no hay obligación y, por tanto, tampoco se prevén sanciones por incumplimiento.

El parlamentario de EH Bildu sostuvo que al no querer regular el Servicio Público «se abre la puerta a la concertación universal y se abre la puerta a que se financien todos los centros sin filtro» y, «además, sin ningún tipo de sanción». Ikoitz Arrese incidió en que los centros concertados «van a tener todos los derechos, pero sin obligaciones. ¡Eso es un chollo para algunos y para algunas!», concluyó.

En cuanto al debate que se mantiene en la ponencia, Ikoitz Arrese afirmó que «la cosa pinta mal, pero en EH Bildu no vamos a tirar la toalla».

Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre, EH Bildu ya anunció que no apoyaría la ley sin un acuerdo previo sobre las cuestiones esenciales. Entonces se habló de la discrepancia con la inclusión de los modelos en la ley. Ahora a eso se le añaden discrepancias básicas sobre las escuelas concertadas.

EL CONSEJERO, DESCOLOCADO

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, no acertó a dar respuesta al núcleo de la intervención de Arrese. La iniciativa registrada por el parlamentario de EH Bildu recogía que la Ley de Educación necesita tanta claridad como sea posible para evitar interpretaciones contradictorias, y la pregunta se concretaba en si «el consejero considera que la ley regulará el Sistema Educativo Vasco con todas las garantías normativas que exige una norma legal».

En su respuesta, Bildarratz señaló que el proyecto se ha remitido al Parlamento con todas las garantías jurídicas previstas para la presentación de un proyecto de ley. Es decir, acompañada de los informes pertinentes. Pero no era eso lo que le se le había preguntado.

Y después de la réplica de Arrese, centrada en la falta de regulación de la financiación de la enseñanza concertada, el consejero se remitió a la respuesta que con anterioridad había dado al parlamentario de Ciudadanos sobre los modelos lingüísticos.

Bildarratz insiste en que el debate de los modelos está superado, porque apenas el 3,6% del alumnado está matriculado en el modelo A. Y recuerda que la ley establece que al final de la enseñanza obligatoria el alumnado salga con un nivel de B2 en euskara y castellano y de B1 en la lengua extranjera.

El consejero no dio ninguna explicación sobre las obligaciones de la enseñanza concertada ni respondió a las críticas realizadas por EH Bildu. Se remitió al artículo 25 al señalar que ahí estaba claro.

Fuentes parlamentarias indicaron a este diario que en el último borrador del proyecto de ley se hablaba de que los centros concertados «cumplirán estos principios» y en el actual se dejado en un «rigiéndose por los principios de»... Por algo habrá hecho Lakua este significativo cambio.