Nayib Bukele quiere aprovechar su gran popularidad en el país centroamericano gracias a su «guerra» contra las pandillas para lograr un segundo mandato de cinco años. Su deseo de perpetuarse en el poder va en contra de seis artículos de la Constitución, si bien los órganos judicial y legislativo le han allanado el camino para lograr su objetivo. El 3 de noviembre, el propio Tribunal Supremo Electoral acordó la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, encabezada por Bukele y su vicepresidente, Félix Ulloa, quien también goza del mismo permiso de medio año para revalidar su cargo.

Todo ello a pesar de que los partidos de la oposición Nuestro Tiempo y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentaron sendos recursos ante el organismo electoral para anular la inscripción «inconstitucional» de Bukele como candidato a la Presidencia. Recordaron que la decisión de presentarse a la reelección contradice el artículo 154 de la Constitución, que fija la duración del periodo presidencial en cinco años «sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más». Otro artículo que impide un segundo mandato es el 152, que establece que «no podrán ser candidatos de la República el que haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

Sin embargo, Bukele pudo seguir con su hoja de ruta, después de que la Sala de lo Constitucional emitiera el 3 de septiembre de 2021 una resolución que daba luz verde para que «una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral para una segunda ocasión».

Esta decisión la tomaron los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia nombrados el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, el partido que fundó Bukele. Concretamente, los magistrados afines al mandatario reinterpretaron la Constitución y permitieron la reelección con la condición de que renunciase seis meses antes de finalizar su mandato.

Todo ello permitió que la Asamblea Legislativa aprobara el 30 de noviembre, con 67 votos a favor y 12 en contra, otorgar a Bukele y Ulloa la citada licencia. Asimismo, aprobó y ratificó a la secretaria privada del hasta ahora presidente, Claudia Juana Rodríguez, como designada presidencial para dirigir El Salvador hasta el 1 de junio de 2024, cuando tome posesión el nuevo mandatario. Hasta entonces, según el Decreto aprobado en el Congreso, el exmandatario «no podrá ejercer la función de toma de decisiones, como la conducción política y administrativa del aparato estatal, ni el monopolio del uso de la fuerza estatal». No obstante, seguirá contando con «el servicio de seguridad, la disposición y uso del batallón presidencial y el personal de transporte, seguridad y uso de residencias».

LA FISCALÍA INVESTIGARÁ A LOS MINISTROS

Días antes de dejar su cargo, pidió públicamente al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue a todos los miembros del Poder Ejecutivo «para atrás y para adelante» por si han cometido actos de corrupción. «Hay algo que sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado», porque, según recordó, hay expresidentes presos y otros fugitivos, «pero la mayoría son recordados como ladrones». En este sentido, Bukele recalcó que no quiere ser recordado como un «ladrón o corrupto», sino como un presidente que «no robó y que no dejó que nadie robara, y al que lo hizo lo metió en la cárcel».

En este sentido, anunció que se va a iniciar la construcción del centro de confinamiento de la corrupción que albergará a los funcionarios que cometan delitos. «Aquí hay mucha gente que conozco desde hace mucho tiempo y hay muchos que les tengo cariño y que han sido leales trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo», advirtió el ya expresidente salvadoreño, quien recordó que «ya hay un par que está en la cárcel».

Por ello, se dirigió a sus ministros para asegurarles «a la cara» que no le pidan que sea «cómplice de algo ilegal». Asimismo, les avisó de que, en caso de ganar las elecciones, no les garantiza que vayan a continuar en el Gobierno, ya que «el que haga algo ilegal se va a entender con el fiscal y el que no trabaje bien va a ser destituido». De este modo, recalcó que para poder ser elegidos de nuevo para el mismo cargo «hay que sobresalir», por lo que les recomendó que «en estos seis meses se pongan más las pilas para que el promedio salga mejor».

Por otra parte, se refirió a los posibles financistas de su campaña electoral para advertirles de que «donar para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer», porque no se va a traducir en «favores» en la próxima legislatura. Y consideró que su candidatura «no necesita tanta campaña», dado que «el pueblo va a decidir», dando por hecho que va a ganar para continuar con su Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción, que se ha traducido en la detención de más de 71.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas. Nada más dejar su cargo, Bukele eliminó de su cuenta de X, con más de 5,7 millones de seguidores, su descripción de presidente de El Salvador como Philosopher King (rey filósofo).