El ERE de Telefonica-Movistar es injustificado y vergonzoso

El Gobierno de España recién elegido, con su ministra de Trabajo Yolanda Díaz a la cabeza, nos han prometido que esta va a ser la legislatura del empleo y además del empleo de calidad. Pues bien, el pasado 27 de noviembre nos hemos despertado con el anuncio de la multinacional Telefónica, con multimillonarios beneficios, de la destrucción de 5.400 puestos de trabajo (posteriormente ha matizado dejándolo en casi 4.000). Estos miles de puestos de trabajo hay que sumarlos a los más de 50.000 puestos destruidos por Telefónica en los últimos años. Una plantilla que llegó a tener 77.000 personas empleadas y que hoy, tras este ERE, no llegaría a 12.000.

El desmantelamiento de una plantilla con condiciones de calidad logradas a través de la lucha, para sustituirla por unas cadenas de subcontratación con unos salarios y condiciones cada vez más precarias que ni aun así logra saciar la voracidad de la empresa.

La multinacional Telefónica-Movistar fue una empresa pública (heredera del antiguo monopolio estatal de las telecomunicaciones) hasta que se privatizó totalmente en los años 90 del siglo pasado. De la mano de la privatización empezó también el proceso de externalización y subcontratación masiva. A lo largo de estas tres largas décadas se suprimieron miles de puestos de trabajo de la plantilla de Telefónica-Movistar en los sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo acordados entre la dirección de la empresa y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.

Esos empleos estables y con condiciones fueron sustituidos paulatinamente por medio de la externalización, en una larga cadena de subcontratación en la que la degradación de las condiciones de trabajo cada vez es mayor… Telefónica contrataba una subcontrata que a su vez contrataba a otra subcontrata, y esta subcontrata contrataba a su vez a otra subcontrata... y esa subcontrata empleaba a personal falso autónomo.

La justificación del ERE por parte de Telefónica es que la finalización del cobre y la inteligencia artificial obliga a reducir el empleo, pero la realidad es que únicamente reduce el empleo de calidad de la matriz para sustituirlo por empleo precario en las múltiples contratas y subcontratas que realizan las pareas que antes se hacían con personal propio de Telefónica. Son miles y miles los empleos directos que son sustituidos por empleos en subcontratas, muchos de ellos en situación de semiesclavitud y mañana serán más y en peores condiciones si Telefónica logra llevar adelante un nuevo despido colectivo.

Nos quieren engañar; las telecomunicaciones necesitan hoy mucho más empleo que hace 30 años, cuando solo teníamos teléfono fijo y fax. La justificación es tan falsa, como que ningún empleado ni empleada de telefónica hace décadas que dedica un minuto de su jornada a las instalaciones de cobre ya desmanteladas y lo poco que queda de dicha red es mantenida por las subcontratas.

Por desgracia, toda esta política de destrucción de empleo y precariedad llevada a cabo en estas décadas por parte de la multinacional ha necesitado de dos frentes colaboradores: el sindical y el gubernamental.

UGT y CCOO han permitido este proceso de precarización en el sector, llegando a múltiples acuerdos para hacer despidos colectivos que han supuesto la destrucción de más de 50.000 empleos de calidad, haciendo dejación ante la externalización permanente de actividades propias hacia las subcontratas, y abandonando hace más de 30 años la vía de la movilización en Telefónica para defender los derechos de los y las trabajadores. ¿Cómo se puede entender que se destruyan 50.000 puestos de trabajo y no se organice por parte de dichos sindicatos ninguna respuesta? Solo desde la complacencia hacia Telefónica por los derechos sindicales obtenidos para sus organizaciones y los suculentos beneficios económicos obtenidos con la participación en la gestora del plan de pensiones de la plantilla de la multinacional en España.

También son responsables los diferentes Gobiernos por privatizar totalmente la empresa en los años noventa; por no paralizar ninguno de los despidos colectivos llevados a cabo con una falsa justificación económica, al ser Telefónica una empresa con multimillonarios beneficios año tras año; y por no haber limitado legislativamente la subcontratación, lo que ha permitido que empleo de calidad se convierta en empleo precario, tanto en Telefónica como en muchas otras empresas.

De hecho, en la última Reforma Laboral había el compromiso, que no se cumplió por parte del Gobierno, con la ministra de Trabajo a la cabeza, de limitar al máximo la subcontratación y de obligar a las empresas subcontratistas a tener las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios, logrando así acabar con la subcontratación como herramienta económica de aumento de beneficios y burlando las capacidades de preservar la seguridad, la salud y los derechos de los trabajadores.

Telefónica este próximo año cumple 100 años, una empresa que se creó con capital público, que se privatizó y que ha recorrido un camino indecente socialmente de destrucción de empleo de calidad. Si esto sigue así, la plantilla de Telefónica no llegará a cumplir el 110 aniversario.

Por todo ello, exigimos a Telefónica que retire el ERE y pacte un plan de contratación priorizando el sector más subcontratado que es el de Operaciones y Comercial, recuperando las tareas externalizadas en estas décadas; exigimos a CCOO y UGT que defiendan el empleo de calidad, que luchen contra la precariedad y que en consecuencia no firmen ningún ERE ni forzoso ni voluntario en Telefónica, exigimos a la autoridad laboral que rechace administrativamente el ERE presentado por Telefónica por estar absolutamente injustificado y, finalmente, exigimos al Gobierno Español que rechace públicamente este despido colectivo y que cumpla su palabra reformando urgentemente el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores limitando al máximo la subcontratación, y que obligue a las empresas subcontratistas a tener las mismas condiciones laborales y económicas que la empresa principal para la que prestan sus servicios. Stop subcontratación.