Centrales obreras y organizaciones sociales se concentraron ayer frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el centro de Buenos Aires, para acompañar a la poderosa central sindical Confederación General del Trabajo (CGT), que había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad Urgente (DNU) firmado la semana pasada por el presidente, el ultra Javier Milei, con el que pretende desregularizar la economía del país.

La multitudinaria movilización contra los planes económicos del Ejecutivo se saldó con al menos seis detenidos durante los enfrentamientos después de que la Policía impidiera que el masivo flujo de manifestantes interrumpiera el tráfico en algunas avenidas.

La manifestación desafió el protocolo de seguridad que el Gobierno ha aprobado para limitar las protestas y que prohibe cortes de carreteras y plantea recortes en ayudas socialers a los participantes.

Los miles de asistentes consideran que el DNU no es constitucional, motivo por el cual, minutos antes de iniciarse la marcha, la CGT presentó un recurso de amparo para que el Supremo suspendiera los puntos del DNU referidos a la reforma laboral.

El Tribunal desestimó el recurso por un fallo formal, pero aceptó que la central sindical vuelva a presentarlo mañana, cuando se prevé que el DNU entre en vigor definitivamente. El recurso de la CGT se suma a una decena de peticiones de amparo judiciales que ya se han presentado en contra el decreto, que contiene más de 300 reformas y eliminación de leyes y normas para desregular la economía -y el propio Estado- y permitir la privatización de empresas públicas.

AL CONGRESO

Coincidiendo con la movilización de ayer, que se produjo un día después de que el Gobierno anunciara que no renovará los contratos de alrededor de 5.000 empleados públicos y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, Milei envió al Congreso el proyecto legislativo para declarar la emergencia económica y en otros muchos ámbitos, que busca modificar o anular más de 300 leyes y ha motivado estas protestas.

Entre los 664 artículos del texto destacan la eliminación de las elecciones primarias, la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, o la privatización de empresas públicas. E incluyen el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, modificaciones en la Oficina Anticorrupción y en la composición de la Cámara de Diputados, así como otros cambios en las leyes de financiación de los partidos.

El presidente ultra aseguró que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso rechace el DNU y pidió a los congresistas que expliquen por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente». «No tienen conciencia de la gravedad de la situación», dijo, y alegó que quienes se manifiestan en contra de sus medidas «no pueden aceptar que perdieron».