PP y Vox proponen ilegalizar partidos que promuevan la independencia

El PP anunció ayer que la enmienda a la totalidad con texto alternativo que va a presentar a la Ley de Amnistía contempla «la disolución» de las organizaciones que promuevan lo que consideró referendos ilegales o declaren la independencia. Todo ello el mismo día en el que se confirmó que dirigentes del partido exploraron en agosto un acuerdo con Junts para la investidura de Feijóo.

El PP registró ayer su enmienda a la proposición de Ley de Amnistía en la que propone que se tipifiquen como «deslealtad constitucional» las declaraciones de independencia y los referéndum ilegales, además de la «disolución» de las personas jurídicas que incurran en esos hechos, incluidos partidos políticos, algo que en la práctica supondría la ilegalización de las formaciones políticas que promuevan consultas o referendos considerados ilegales.

Vox también registró su enmienda de totalidad con texto alternativo, en la que vuelve a proponer «ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional» y la creación de un nuevo tipo delictivo para «castigar a las personas que negocien con procesados o sustraídos» de la Justicia por delitos contra la Constitución, entre otros.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, rehusó aclarar si lo que se busca con la propuesta es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox, pero así lo parece. De hecho, aunque el texto no incluya la ilegalización, Tellado habló de la «suspensión de actividades y disolución de personas jurídicas», lo que además de a partidos incluye a organizaciones sociales o culturales como podrían ser la ANC u Òmnium.

Además de la «pena de disolución», la iniciativa que presentará el PP y que se debatirá la próxima semana en el Senado propone penas de entre 5 y 10 años de prisión y de 6 a 12 años de inhabilitación para los cargos o funcionarios públicos responsables de esas consultas.

REUNIÓN JUNTS-PP

La iniciativa del PP coincidió con la información de “La Vanguardia” en la que se confirmaba lo que adelantó GARA en verano: es decir, que el PP exploró en agosto un acuerdo con Junts para la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno español.

En concreto, el número uno del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, se entrevistó en agosto, tras las elecciones del 23-J, con Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, y con Josep Rius, concejal del partido en la capital catalana, para conversar sobre las posibilidades de un acuerdo de investidura de Feijóo.

El propio Sirera lo confirmó ayer en RAC1, añadiendo que fue un encuentro «cordial», producido antes de constituirse la Mesa del Congreso y celebrado en el hotel Alma de Barcelona, en el que Junts planteó la amnistía y un referéndum de autodeterminación, algo que hizo «inviable» cualquier tipo de pacto, según Sirera.

El propio Tellado quiso restar hierro al asunto en la rueda de prensa en la que presentó la enmienda a la Ley de Amnistía e indicó que Feijóo tuvo conocimiento de ese encuentro en Barcelona después de que se produjera, porque, según agregó, no se informa a la dirección a priori para un «café entre concejales».

Sin embargo, el PSOE pidió al PP que aclare cuántas veces se reunieron y qué temas trataron, mientras que Sumar calificó la postura del partido de Feijóo como «cínica» y Vox aprovechó para remarcar que es «increíble» que el PP pida ilegalizar a los «partidos separatistas» tras «negociar con ellos». ERC, por su parte, advirtió de que «Junts deberá decidir de qué lado está».