La ministra española de Sanidad, Mónica García, anunció ayer que su departamento estudia que se pueda «autojustificar» una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad «a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales».

En una entrevista en “Onda Cero”, García informó de que estudia esta medida, que se trataría de una autodeclaración responsable, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social y explicó que esta iniciativa ya es estructural en muchos países, se adoptó en el Estado español durante la pandemia y tiene el apoyo de los profesionales sanitarios.

Horas después, el secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, salió en defensa de la implantación de declaraciones responsables que permitirían recibir la baja de forma automática, insistiendo en que es una idea ya muy madurada en el Ministerio.

Padilla se apoyó en que no sería la primera vez que se activa esta figura, ya que este tipo de bajas se permitieron temporalmente durante la pandemia. Fue una especie de parche forzado por una situación crítica. Ahora, lo que se pretende es implantarlo de forma permanente para cuadros leves con el objetivo de desaturar la Atención Primaria.

Padilla recordó que otros países del entorno han dado el paso de eliminar el informe preceptivo del médico: Alemania, Portugal, Suecia y Reino Unido. En el caso de Reino Unido basta una autodeclaración responsable para justificar una baja de hasta siete días. En Portugal (donde la medida se implementó en 2023) el límite está en tres días, como en la idea que desliza el Ministerio.

El actual método para la concesión de bajas, para Padilla, resulta «ineficiente» y contradictorio. «No puede ser que le digamos a la gente que un cuadro leve no necesita ir al médico, pero que tenga que ir al médico para un justificante de baja», afirma.

El número dos de Sanidad -que es médico de familia, la especialidad a la que corresponde hoy realizar este trámite- asegura que la idea viene con el aval de los profesionales de Atención Primaria, que han demandado la implantación de la medida desde hace largo tiempo. Y asegura, además, que también redundará en beneficio de la salud de los trabajadores.

En este sentido, se muestran favorables a la idea Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Su responsable de Salud Laboral, Francisco Sáez, sostuvo en declaraciones a “El País” que «no tiene sentido que un trabajador con una gripe o un catarro tenga que ir corriendo al centro de salud a que le firmen un parte de baja, es un sinsentido y un absurdo». Sobre todo, teniendo en cuenta que estos servicios se encuentran sobresaturados.

También tras ser consultado por “El País”, Paulino Cubero, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, aseguró que «las bajas de entre uno y tres días podrían autojustificar por medios electrónicos entre el paciente y su empresa, de forma que se evitarían muchas visitas innecesarias en procesos autolimitados, como catarros, episodios gastrointestinales, migrañas, etc., que no precisan de diagnóstico».

Las CCAA vuelven a discutir por las mascarillas

En plena ola de gripe y otros virus respiratorios, el Ministerio volvió a plantear a la Comunidades la obligatoriedad de la mascarilla de forma temporal en farmacias, hospitales, centros sanitarios y sociosanitarios. La propuesta volvió a despertar disenso y no pudieron alcanzar ningún acuerdo. El Ministerio, finalmente, enviará un texto rebajando la obligatoriedad a los centros puramente sanitarios y dará 48 horas para alegaciones.

Nafarroa recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios (hospitales y centros de salud), sociosanitarios (residencias y centros de atención a personas vulnerables) y para aquellas personas con síntomas respiratorios, en especial si se encuentran en lugares cerrados.

Por su parte, el Departamento de Salud de Lakua insistió en su «recomendación» de usar la mascarilla cuando se tienen síntomas de infección respiratoria y de mantener un distanciamiento físico en espacios concurridos, y no es partidario de imponer su uso obligatorio en centros sanitarios.