Atrapadas en el tiempo

Como en la famosa y ya clásica película, condenadas a revivir, una y otra vez, el mismo día, se sentirán seguramente las víctimas de los terribles acontecimientos acaecidos el 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga de Gasteiz al conocer las noticias sobre la situación del memorial que está previsto construir en la parroquia San Francisco de Asís de la capital alavesa.

El día de la marmota en versión alavesa. Décadas después de aquellos espantosos asesinatos, el proyecto de memorial sigue congelado o casi, ni más ni menos que durante casi tres años desde que se anunció su puesta en marcha. Desgraciadamente, durante este tiempo, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno Vasco, ni la Diputación ni el Obispado parecen haber actuado con la diligencia que requiere un proyecto como este.

Da la impresión de que falta voluntad política, o por lo menos que el memorial no es una de sus prioridades, a la vista al menos de la lentitud mostrada para dar los pasos que les corresponden, alegando obstáculos burocráticos y errores en las actuaciones urbanísticas entre otras cuestiones, que parecen perfectamente subsanables en un tiempo mucho menor si de verdad se pusiera toda la carne en el asador y el memorial fuera una prioridad de las políticas de memoria de las instituciones.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, se está obviando así la función esencial que desempeñan los procesos de memorialización tras graves violaciones a los derechos humanos. Procesos de justicia (y de memoria) demorados e interminables que revictimizan y recrudecen los efectos de lo acontecido sobre las víctimas.

El conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece el «deber de recordar», afirmando que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando las medidas adecuadas. Esas medidas, además, deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Conforme a los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria, se entiende por «memoria» las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos y las acciones de las víctimas en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.

Es en ese marco donde cobra especial relevancia la memorialización, que en palabras del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, «tiene por objeto preservar y transmitir a las generaciones presentes y futuras relatos precisos y exhaustivos de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y del daño sufrido por todas las víctimas, con miras a informar a la sociedad, devolver la dignidad a las víctimas, promover la recuperación y la reconciliación y prevenir la repetición de las violaciones».

Las políticas públicas de memoria forman parte de las obligaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Políticas públicas que deben considerar los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y deben diseñarse y aplicarse de forma que dignifiquen la memoria de las víctimas, situándolas en el centro del proceso, asegurando su participación efectiva y evitando generar su revictimización.

La obligación de adoptar procesos de memorialización no puede ser eludida en función de argumentos políticos, estructurales o presupuestarios. Recordar todas las violaciones a los derechos humanos del pasado es esencial para la reconciliación y el fortalecimiento de sociedades basadas en la justicia, la cultura de paz y los derechos humanos.

No sin cierta envidia celebramos la noticia de que la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, principal centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura que padeció Argentina, hoy dedicado a la memoria, entró a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. En el edificio, convertido hoy en museo, se mantenía «desaparecidas» a las personas secuestradas ilegalmente a quienes se interrogaba, torturaba y asesinaba. La Unesco ha señalado que la inclusión de estos sitios de memoria en la lista del Patrimonio Mundial «les otorga una dimensión universal y reconoce su contribución a los procesos de paz».

Un buen espejo en el que mirarnos para que no sigamos atrapadas en el tiempo.