El Salvador, una paz formal para un cruento conflicto

Un 16 de enero de 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno salvadoreño de Alfredo Cristiani firmaron en México los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a un cruento conflicto armado de casi 12 años que dejó más de 75.000 fallecidos, 8.000 desaparecidos y más de un millón de salvadoreños exiliados.

«Estamos listos para insertarnos en la vida política del país», manifestó en enero de 1992 Orlando Aguilar, del comité político del FMLN.

Fundado en octubre de 1980 tras la fusión de cinco organizaciones político-militares -el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FLP); las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN); el Partido Comunista de El Salvador (PCS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)-, con la firma de los acuerdos se convirtió en un partido legal, que llegó a la Presidencia de El Salvador con Mauricio Funes (2009) y Salvador Sánchez Ceren (2014).

El desarme se llevó a cabo entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de 1992. El Estado se comprometió a desmantelar en el mismo periodo los batallones contrainsurgentes.

Así tituló la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, surgida de los Acuerdos de Paz, su informe, publicado el 15 de marzo de 1993: «De la locura a la esperanza».

Entre sus mandatos estaba investigar la comisión de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario entre enero de 1980 y julio de 1991. Recibió un total de 22.000 denuncias. Más de un 60% correspondían a ejecuciones extrajudiciales, más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% incluían relatos de tortura.

El informe divide el conflicto en cuatro periodos (1980-1983; 1983-1987; 1987-1989; y 1989-1991) atendiendo a los cambios políticos, a la evolución de la guerra y la sistematicidad de ciertas prácticas violatorias. Entre ellas menciona expresamente la violencia contra opositores por parte de agentes del Estado, con la muerte de los sacerdotes jesuitas de 1989 como caso ilustrativo; el accionar de los escuadrones de la muerte, citando la muerte de monseñor Salvador Romero; y la masacre de campesinos por parte de las Fuerzas Armadas, entre las que menciona por su especial sevicia la del Mozote. Casi un millar de personas fueron ejecutadas en diciembre de 1981.

Según la Comisión de la Verdad, Unidades del Batallón Atlacatl llegaron al caserío El Mozote, formado por una veintena de casas agrupadas alrededor de una plaza, donde detuvieron a todos los lugareños -hombres, mujeres y niños- sin que estos opusieran resistencia. Después de pasar la noche encerrados, fueron ejecutados por grupos. Los militares también incendiaron todas las edificaciones.

La masacre de El Mozote salió a luz pública el 27 de enero de 1982 cuando los rotativos “The New York Times” y “The Washington Post” publicaron sendos artículos de Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto, quienes ese mismo mes visitaron el lugar, donde aún permanecían algunos cadáveres y restos de las casas.

NIÑOS ROBADOS

En el contexto del conflicto armado, medio millar de menores fueron sustraídos de sus familias y entregados a instituciones religiosas o familias, muchas de ellas extranjeras, principalmente de EEUU, el Estado francés e Italia, que buscaban niños en adopción. Otros fueron apropiados por los propios soldados que previamente habían masacrado a sus padres.

Una de esas menores arrebatadas del seno de su familia fue Blanca Flores. Residente en Nafarroa, en marzo de 2013 narró su experiencia en entrevista a GARA: «Cuando me dijeron `tú eres una niña de la guerra', pregunté qué era eso. No sabía absolutamente nada sobre la guerra en El Salvador. Ahora sé que tengo una familia que no me abandonó», dijo.

El 16 de enero de 2016, durante la conmemoración del 24 aniversario de los Acuerdos de Paz, el entonces presidente salvadoreño Salvador Sánchez Ceren (FMLN) pidió perdón por los crímenes de guerra cometidos por el Ejército. Y destacó que con la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador «se ganó el reconocimiento internacional por haber tenido la valentía y sabiduría de poner fin a una guerra cruenta a través del diálogo y la negociación». Hoy día, bajo la presidencia de Nayib Bukele, el país está sumido en una nueva espiral de violencia.

Bajo el pretexto de combatir a las pandillas, el Gobierno impuso el 26 de marzo de 2022 un estado de excepción, medida que el Congreso va prorrogando periódicamente y que, según una investigación de la organización no gubernamental Cristosal, ha supuesto la detención de más de 66.000 personas, la apertura de macrocárceles y un clima de represión generalizada y sistemática.

LOS TENTÁCULOS DE LA DICTADURA EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA

También un 16 de enero, pero de 2004, el entonces presidente de Argentina, Nestor Kirchner, ordenaba investigar los campos de tortura militares. Las fotografías de «supuestos detenidos» siendo torturados en una guarnición militar en la provincia de Córdoba como parte de entrenamientos militares conmocionó e indignó a la sociedad argentina, que aún hoy sigue reclamando saber el paradero de los 30.000 desaparecidos y de los más de 300 nietos y nietas robados durante la dictadura que todavía faltan por encontrar. Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir a 133 de ellos.

«Los comandos aprendían en sus propios cuerpos las torturas que aplicarían a sus víctimas», denunció la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini -fallecida el 20 de noviembre de 2002- mientras mostraba a los medios una impactante fotografía de soldados aplicando la «picana» (electrodos) a un «detenido» con los ojos vendados.

Denunció que esas prácticas «aberrantes son similares a las realizadas por los franceses en Argelia o los nazis en los campos de exterminio».

Las imágenes, datadas en 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fueron enviadas al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por el dueño de un local de revelado que encontró las copias.