La nueva RGI de Lakua atiende a más de 400 mujeres víctimas de violencia

Lanbide garantizó el año pasado ingresos y programas de inclusión, a través de la Renta de Garantía de Ingresos, a 403 personas víctimas de violencia machista, trata, explotación sexual. También se acogieron a esta prestación 300 personas refugiadas y 160 jóvenes procedentes de sistemas de protección de menores.

A la nueva RGI de Lakua se han acogido más de 400 mujeres víctimas de diferentes violencias y 300 personas refugiadas. Se incluyen las prestaciones aportadas desde que el 29 de marzo del pasado año entró en vigor la nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobada en diciembre de 2022 por el Parlamento de Gasteiz, según informó ayer Lakua en un comunicado.

Esta ley establece que a las víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual solo se les exija estar empadronadas en el momento en el que acuden a Lanbide con la correspondiente justificación de su situación, lo que les garantiza un acceso inmediato a poder emprender una vida alejada de sus agresores.

Precisó que se han acogido a estas ayudas «357 víctimas de violencia machista, 31 de violencia doméstica, 10 de trata de seres humanos, y cinco de explotación sexual».

La nueva ley también contempla la excepcionalidad de quienes residen en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en condición de refugiados, que han sumado 307 personas, y por protección temporal, con 157 más. En cuanto a jóvenes procedentes de sistemas de protección de menores, han recibido estas prestaciones 160.

Entre abril y diciembre del año pasado se sumaron 5.343 expedientes más de titulares de RGI y, sin embargo, el número de nuevas concesiones fue de 9.059. Esto -según explicó Lakua- se debe a que «hay una entrada y también salida del sistema de personas que encuentran un empleo que, además, permite superar los umbrales previstos en la RGI».

Asimismo, en casi 10.000 expedientes se compatibiliza la RGI con ingresos por trabajo.

CAMBIO DE MODELO

La directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, afirmó que la nueva ley «está cumpliendo su objetivo». «Este cambio tan intenso no se puede hacer en un día, pero llegar a quien lo necesite y ofrecer oportunidades a quienes quieren trabajar y no habían encontrado la forma de conectarse con el mercado laboral es un éxito o, por lo menos, un indicio de que estamos acertando en el camino que todavía nos queda por recorrer», destacó.

Este mes de enero supondrá, además, la entrada en vigor del reglamento que aclara la aplicación a todas las situaciones previstas en la ley, y que se acompañará de la colaboración de las entidades sociales. El reglamento supondrá la implantación del procedimiento de actualización trimestral de cuantías, tal y como se ha informado a las personas perceptoras.

El primer proceso afectaba a 19.579 titulares, de los cuales, a mediados de enero, ya se había conseguido culminar en un 95% de forma automática gracias a la interoperabilidad con otras administraciones.

La segunda reforma de la ley de la RGI se aprobó en el Parlamento de Gasteiz en diciembre de 2022 con el voto a favor PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. EH Bildu se abstuvo al entender que se podía ir más allá, al haber dinero para ello y, aunque apreciaba mejoras, como consideraba que no eran suficientes, optó por una «abstención crítica». Y PP+Cs y Vox se opusieron escudándose en posibles abusos en la recepción de la RGI.

La UE ampara el derecho a asilo en casos de violencia machista

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó ayer que la violencia contra las mujeres debe entenderse como una forma de persecución, por lo que aquellas que huyan de su país de origen por riesgo, por ejemplo, de sufrir un crimen de honor, violencia sexual o un matrimonio forzoso deben poder obtener el estatuto de refugiada en la UE.

La sentencia responde a una mujer kurda, musulmana y divorciada, que solicitó protección internacional en Bulgaria al temer por su seguridad si vuelve a Turquía, donde fue obligada por su familia a contraer matrimonio con un hombre que, después, la golpeó y amenazó. Las normas comunitarias reconocen el derecho a la protección internacional en casos de persecución racial, religiosa, nacional o por pertenencia a un determinado grupo social, en el que el TJUE ha incluido a las mujeres. GARA