El TC cierra quince años de persecución política inútil

La persecución contra los artífices del cambio estratégico de la izquierda abertzale se ha alargado quince años desde que comenzara en 2009 con la redada ordenada por el juez Baltasar Garzón en Igara, a la que siguió el juicio en 2011 y el cumplimiento íntegro de las condenas, que terminó en 2017. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció que los acusados no tuvieron un juicio justo, no llegó hasta un año más tarde, con los procesados ya en la calle.

El periplo, en contra de toda lógica, no acabó ahí. Retorciendo los argumentos y los procedimientos, el Tribunal Supremo se apoyó en la sentencia europea para decretar la celebración de un nuevo juicio, obviando los seis largos años pasados por los acusados en prisión. El fallo que el Tribunal Constitucional hizo público ayer, por contra, acepta al menos parte del recurso de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Rafa Díez, al reconocer que no pueden ser juzgados de nuevo por la misma causa y considerar que la reedición del juicio acarrearía un perjuicio evidente para los afectados, que no han solicitado la repetición. Falta conocer el texto de la sentencia para ver hasta qué punto se siguen resistiendo los tribunales españoles a que las instancias europeas se inmiscuyan en sus asuntos -de momento, los magistrados han decidido no anular el juicio-, pero en la práctica, la decisión de no repetir la vista oral da el carpetazo definitivo a un caso que se ha prolongado durante 15 años.

Acaba así una larguísima persecución política diseñada para hacer descarrilar o, al menos, torpedear el cambio estratégico de la izquierda abertzale. Basta con recordar que la operación se puso en marcha justo después de que los imputados pusiesen en circulación el documento base del debate interno que concluiría, un tiempo más tarde, en el cambio de ciclo en Euskal Herria. No consiguieron frenar aquel proceso que trajo una importante porción de paz a este país y abrió nuevas posibilidades políticas. Cerrada esta operación policial, jurídica y política, toca seguir acumulando fuerzas hacia la libertad y la soberanía.