El ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que «los delitos graves, como los de terrorismo, han de estar exceptuados de la amnistía».

Sin embargo, la proposición de ley registrada por el PSOE únicamente incluye entre las excepciones para aplicar la amnistía «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados, siempre y cuando haya recaído sentencia firme». Eso implica que sí serían amnistiados los delitos de esta índole sobre los que no haya fallo judicial firme, como en el caso de los doce CDR procesados por la Audiencia Nacional española o los investigados por Tsunami Democràtic. Junts y ERC han propuesto que la amnistía incluya todos los casos.

El ministro, sin embargo, avaló únicamente «las enmiendas pactadas» entre PSOE, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG, que «refuerzan una ley que ya de por sí es sólida e impecable, y absolutamente conforme con la Constitución». Esas enmiendas sí mantienen excepciones a la aplicación de la amnistía sobre quienes haya sentencia firme, al contrario de lo que plantea Junts. «Y esas son las enmiendas que apoya el PSOE, por eso las ha firmado con otros grupos», dijo.

«Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley», repitió Bolaños.

INFORMES DEL CONGRESO

En este contexto, un segundo informe jurídico de los letrados del Congreso incide en las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía que tramita la Cámara y ve «indeterminación en el ámbito de aplicación».

La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio «dudas de constitucionalidad» en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan «palmarias» como para vetar su tramitación.

Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia que trabajaron con presidentes del PP -Piedad García Escudero fue letrada mayor con Luisa Fernanda Rudi e Isabel Revuelta fue secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo- las que inciden en esas dudas. De entrada, el informe cuestiona que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que sea una «figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador», ya que no figura entre las competencias de las Cortes y la Constitución española «desautoriza expresamente» los indultos generales.

Por ello, considera que «la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional».

Al ser interpelado sobre la cuestión, Bolaños se refirió a otro informe de marzo de 2018, en el que los letrados «decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional». Ese texto, en concreto, señala que «podrían existir otras figuras dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, que respetarían el espíritu perseguido por la Proposición de Ley» que analizaron los letrados, relativa a la rehabilitación de diversas penas y sanciones que sufrieron guardias civiles.

El PP emplazó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a aclarar cuál es el criterio jurídico del Congreso. A su entender, hay un dilema en la posición de los letrados porque se han emitido dos informes «distintos y contradictorios» sobre este asunto.