«Viví un tiempo en Bilbao en los años 50, mi padre además era coronel de la Guardia Civil allí», comenta el exjuez del Supremo José Antonio Martín Pallín, doctorado por la Universidad de Deusto. Con 87 años, sigue activo, trabajando en su despacho y como conferenciante. Fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces por la Democracia. Actualmente es un azote mediático de la judicatura conservadora, a la que ve envalentonada, especialmente en los últimos años con Podemos y los independentistas.

En entrevista con GARA critica los revocamientos de la AN de los terceros grados, sugiere que no hay una derecha española «homologable con Europa» y cree que sería «temerario» que el Supremo no aplique la amnistía a los encausados por el «procés».

¿El «lawfare» ha ocurrido en el Estado siempre y ahora porque el PSOE lo cita está en la agenda, o ve una intensidad más fuerte esta década?

La expresión significa «hacer la guerra por el Derecho», fue elaborada por la inteligencia norteamericana porque ellos, con la idea de que Latinoamérica era el patio trasero, dieron los golpes en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil... con desaparecidos y asesinatos. Vieron que eso les creaba mala imagen, incluso dentro de su país, porque no todos los norteamericanos son unos bestias, y entonces idearon una forma de dar un golpe de estado a través del Derecho. Los dos primeros experimentos fueron con Lula y Dilma Roussef y también les dio resultado en Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Con ello esa expresión ya quedó acuñada para cuando los tribunales persiguen a enemigos o inhabilitan a adversarios políticos. Está implantada dentro de la jerga del mundo judicial pero a mí me parece más afortunada una expresión que usa el Supremo estadounidense, que es «activismo judicial», es decir, jueces que se implican en cuestiones con contenido político, por ejemplo lo relacionado con el «procés», que a mi modo de ver son actos no delictivos pero no constitucionales. Pero bueno, el primero que pagó el tributo del lawfare fue Juan María Atutxa, condenado por desobediencia aunque luego el Tribunal de Estrasburgo anuló la sentencia.

¿Y actualmente?

Estadísticamente ha proliferado mucho en relación exponencial con la aparición de Podemos y los Comuns, y por supuesto el independentismo catalán. Hay que recordar que Ada Colau [exalcaldesa de Barcelona] tiene 16 querellas. Efectivamente sí, se ha acelerado el lawfare y ahora el punto culminante es la decisión de García Castellón de implicar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en causas de terrorismo. Son desórdenes graves, como la toma de El Prat, las cosas como son, pero sus indicios son tan inconsistentes que resultan indignos de una persona que tiene una función tan importante. Tan solo dice que mostraron su simpatía con Tsunami Democràtic.

Los antecedentes vascos muestran hasta qué punto los tribunales pueden obstruir decisiones del Gobierno, ocurrió por ejemplo con las decisiones de la Audiencia Nacional durante el proceso de negociación de Zapatero con ETA. ¿Puede ocurrir ahora otro tanto con la Ley de Amnistía, por ejemplo?

Sí, recuerdo el caso de un bar... Se construyó ese entorno un poco impreciso, el «entorno de ETA»; como expresión puede ser válido para un periodista pero no para un juez. Y sí, ya está ocurriendo lo mismo y no deja de llamar la atención que los jueces con las togas en la calle y en tropel hagan una ruptura de los principios más elementales de la democracia. Han atacado ferozmente y hasta de manera insultante al presidente del Gobierno, y la ley todavía no está en el BOE, pero ya están anunciando con bombos y platillos que se plantearán cuestiones de constitucionalidad al Tribunal de Estrasburgo.

Llama la atención porque una ley de amnistía se aplica o no se aplica, pero hablar de inconstitucionalidad… La ley se puede aplicar al día siguiente mismo de su publicación del BOE. Como la mayoría de los asuntos están residenciados en Catalunya habrá bastantes jueces catalanes que al día siguiente de la publicación del BOE van a aplicarla. Queda la incógnita de la Sala Segunda del Supremo, yo dudo mucho que vayan a plantar una cuestión prejudicial, sería temerario que lo hagan en el sentido de que los voceros del PP sostienen que va en contra de los principios fundamentales de la UE. Si la amnistía va en contra de los principios de la UE habría que expulsar a Portugal, Francia, Italia y en cierto modo Alemania, porque ellos han hecho amnistías y las tienen en la Constitución.

¿El tribunal sentenciador es el que debe aplicar la amnistía?

Sí, los que tienen que aplicarla son los tribunales que dictaron la sentencia. El Supremo en el caso de los nueve condenados y los que están en rebeldía, como Ponsatí, Puigdemont, Comín y Rovira. Si no la aplica, podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC o una cuestión prejudicial al tribunal europeo, que eso dilataría las cosas, aunque creo que sería delictivo. Están sometidos al imperio de la ley, así que o la aplican o plantean una cuestión de inconstitucionalidad. Me gustaría que no hiciésemos el ridículo en Europa, aunque vistos los antecedentes, hay un riesgo de que lo hagamos.

El Constitucional acaba de rechazar que se vuelva a juzgar a Otegi y sus compañeros por el caso Bateragune. ¿Qué opina de ese intento del Supremo, con el juez Marchena al frente, y qué supone esa discrepancia entre máximos tribunales?

Bueno, es que está en el ordenamiento español: las resoluciones de los tribunales, incluso del Supremo, están sometidas a la revisión de constitucionalidad por parte del TC. Como Estrasburgo anuló porque no hubo juicio justo por la actitud beligerante de la presidenta del tribunal, el TC con toda la razón decidió esto, en virtud del principio universal inventado por los norteamericanos de que nadie puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces. Me asombra la polémica, porque en 40 años desde que existe el TC funciona así. A mí me ha anulado algunas sentencias. Todo se saca de quicio ahora y se hacen interpretaciones disparatadas, como las que dijo el señor Núñez Feijóo, de que el TC está deslegitimado… esas declaraciones podrían considerarse golpistas en el sentido verbal al menos.

¿Le preocupa la deriva que está tomando la derecha española en este sentido?

Me ha preocupado desde hace muchos años, ya antes de que Rajoy llegase incluso a la política, que no tengamos una derecha homologable a la derecha europea. Se da la circunstancia de que personas como Helmut Kohl o Ursula von der Leyen han tenido mejor relación con el PSOE porque la derecha española no cubre esos mínimos de la derecha democrática europea. Es una carencia que me preocupa ahora y siempre. Todo se está tensando de forma preocupante. El trumpismo se está extendiendo, es un fenómeno global.

Volviendo a la cuestión vasca, ¿ve legítimo que la AN contradiga muchas decisiones de la Administración sobre los presos vascos? Sare dice que revocaron el 24% de los terceros grados...

Creo que es una persecución que va más allá de lo que es una pena proporcional en una sociedad democrática. Los datos que tiene Sare son llamativos, por el tiempo de condena que llevan algunos presos: en todo el mundo jurídico penitenciario más de 30 años se consideran una pena inhumana y degradante. Es algo que se está tratando de corregir y se está revocando. En una sociedad equilibrada, la salida sería aplicar los beneficios penitenciarios máximos. Yo diría que son decisiones impregnadas de ideología política.

En general, ¿la AN sigue siendo la distorsión política principal? ¿Hasta cuándo puede ejercer ese papel?

No sé, depende, porque por ejemplo en el caso de Ada Colau no ha intervenido la AN, en los casos de Podemos mayoritariamente sí y en otros no. La AN es un tribunal con competencia especial. Según el Convenio Europeo no se admiten tribunales especiales aunque un fallo de Estrasburgo los salvó. Con todo lo que he contestado, creo que está cubierto, se entiende mi opinión... es una cuestión estructural.

En una entrevista usted decía que «sea cual sea la ideología del juez, en sus sentencias debe reflejar el razonamiento que ha seguido para creer a un testigo más que a otro». ¿A qué se refiere?

La labor del juez consiste en enfrentarse a un conflicto que le llega al juzgado para investigar o sentenciar y tiene que decidir con arreglo a criterios racionales. La Constitución exige que las resoluciones judiciales sean motivadas, tiene que explicar por qué se hacen y eso no se aprende en las oposiciones. Todo juez debe tener una formación o criterio para abordar el conflicto en toda su integridad. En Francia, por ejemplo, en la escuela de la magistratura la sociología y criminología son materias esenciales que en mi época y hasta hace poco aquí no se manejan.

¿Qué hay que hacer para modernizar la judicatura y que no ocurra más «lawfare»?

En primer lugar, modificar el sistema de acceso a la judicatura: es necesario suprimir esta absurda oposición memorística que se parece más a un concurso televisivo que a una prueba para admitir a un juez o jueza. En segundo lugar, valorar el porcentaje de jueces que se necesitan por ratio de población-juez. En Polonia, por ejemplo, con 40 millones de habitantes hay 9.000 jueces, y aquí 5.500. Hace falta dotación económica, es un pecado de todos los gobiernos que ha habido. No se invierte en justicia porque no interesa, pero necesita una inversión tan sólida y fuerte casi como la educación y la sanidad. La justicia también hace la calidad de vida de los ciudadanos.