La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de considerar pertinente la acusación de genocidio contra Israel por su asedio de Gaza supone un punto de inflexión. La carga de la prueba está sobre el régimen sionista. Gracias a la denuncia de Sudádrica, hay unas condiciones que Israel debe cumplir para no ser condenado en el juicio que comienza ahora. La comunidad internacional debe hacerlas cumplir. Esto es difícil de creer, y por eso la sociedad civil de todo el mundo tiene que mantener el pulso a favor de la causa palestina, sin ceder ante la propaganda ni ante discursos fatalistas. Hay que enfocar esa solidaridad. El objetivo es evitar el genocidio y abrir paso a una solución justa y duradera: el fin del apartheid y de la ocupación.

En general, el dictamen de la CIJ es una gran victoria de Sudáfrica, país que sostiene la visión más lúcida sobre las relaciones y el derecho internacional en un mundo multipolar. Una perspectiva seria y profunda que tiene sus raíces en los países no alineados y cuyos valores provienen de las tradiciones de resistencia y emancipación del siglo pasado. Es un legado de lucha por la justicia y la paz que la izquierda y los movimientos democráticos deben preservar.

A pesar de sus bondades históricas, el dictamen no va a parar el genocidio, la ocupación o el exterminio del pueblo palestino a manos del Gobierno de Benjamin Netanyahu. No obstante, puede acrecentar su aislamiento, alimentar una desescalada y forzar una negociación, parcial pero urgente. No existía ninguna opción de que la CIJ parase al Ejército sionista. No tiene mecanismos para lograrlo. Pero la sentencia establece condiciones que hay que saber aprovechar.

DECISIONES Y PLAZOS

En su dictamen, la CIJ insta a Israel a asegurarse «con efecto inmediato» de que sus militares no infrinjan la Convención sobre el Genocidio con actos como «matar a miembros del grupo» de civiles palestinos de Gaza o someterles «deliberadamente» a «condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial». Considera que Israel «debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio». Y deberá «adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria».

De igual modo que la CIJ ha obligado a Israel a no destruir pruebas, la comunidad internacional debe evitar que Netanyahu liquide opciones de resolución. Gran parte de la estrategia sionista ha sido hacer inviable Palestina. Cuartear los territorios y usurpar las tierras, construir más colonias, segregar a la población palestina, asfixiar su economía, eliminar a sus líderes, cortocircuitar sus alianzas, incumplir los acuerdos y evitar las negociaciones… En definitiva, los sucesivos gobiernos sionistas han dilatado toda solución al mismo tiempo que creaban las condiciones para que esos escenarios fuesen imposibles.

Los plazos que establece la sentencia son muy importantes. En concreto, el primero de un mes para que Israel justifique cómo ha hecho efectivas las demandas del tribunal es crucial. No es tiempo de análisis, es tiempo de estrategias. Como mínimo, los debates deben enfocarse a la eficacia política, ni al moralismo ni al academicismo.

En este contexto, el boicot se debe expandir y afinar. La ayuda humanitaria adquiere otro valor. Palestina debe seguir en la agenda. Esto es lo que demandan al mundo la población palestina y sus líderes, concentradas en la resistencia y la superviviencia.

La sentencia de la CIJ supone una decantación. Las instituciones, las empresas, las sociedades y las personas deben recalcular sus posturas. No es hora de ver lo que hace Israel, sino de restablecer compromisos con la causa palestina, con la causa de la justicia.