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Amenaza de desahucio en un caserío en Astigarraga

Stop Desahucios ha denunciado que el prestamista Gormedino S.L., con sede en Zaragoza, ha pedido el desalojo del caserío Guruzeta de Astigarraga, donde vive Julián, de 72 años, junto a sus sobrinos, una de ellas discapacitada, y un menor con minusvalía.

Comparacencia de Stop Desahucios en Donostia, en una imagen de archivo. (Gorka RUBIO | FOKU)

El prestamista Gormedino Sociedad Limitada, con sede en la ciudad de Zaragoza, ha solicitado el desahucio del caserío Guruzeta de Astigarraga, según denunció ayer Stop Desahucios.

Este colectivo explicó, a través de una nota, que en esta vivienda residen Julián, de 72 años y enfermo coronario; sus sobrinos, una de ellas con discapacidad, y un menor con una minusvalía.

Stop Desahucios, que ha convocado una concentración y comparecencia para mañana jueves a las 11.00 en el kiosco del Boulevard de Donostia, explicó que el prestamista reclama a esta familia una deuda de 197.715 euros por un préstamo de 147.000 euros que debía ser abonado a través de cuatro cheques, de los que solo fueron entregados dos por valor de 60.000 euros.

Estos dos cheques debían devolverse en un año, con un interés anual del 15% a pagar cuando vencieran, lo que les obliga a devolver los 147.000 euros más un 15% de interés (22.050 euros), junto con un interés de mora de seis meses al 29%, por valor de 29.400 euros, lo que hacen el total de 197.715 euros.

Esta cantidad se ha reclamado en una demanda de ejecución hipotecaria presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Donostia. En una subasta celebrada en mayo de 2022, el prestamista se adjudicó el caserío en el que Julián, jubilado con una pensión modesta, ha vivido toda su vida y que actualmente comparte con sus sobrinos (una de ellas tiene una minusvalía) y un hijo de estos, también minusválido.

Stop Desahucios añadió que se ha denunciado esta práctica por usura en un juzgado de Zaragoza, pero ha sido archivada, por lo que el procedimiento ha seguido adelante. De este modo, está pendiente de fijarse la fecha del desahucio por parte del Juzgado de Paz de Urnieta, en base a la diligencia emitida por el Juzgado de Donostia.

Esta diligencia fue recurrida el 16 de enero y admitida a trámite por el Juzgado de Donostia en base al decreto que suspendía los desahucios de familias vulnerables y otra normativa europea, estatal y autonómica. «Gracias a este recurso esta familia tiene una tregua al menos hasta el 31 de diciembre de 2024», sostuvo Stop Desahucios.

«Es inaudito que en el siglo XXI estas prácticas no estén perseguidas por la Justicia y esos indeseables prestamistas sigan haciendo negocio a costa de quedarse con viviendas, en este caso un caserío, por cantidades irrisorias», subrayó.