La Asamblea Nacional francesa ha adoptado en primera lectura una propuesta llamada a cubrir el vacío legal sobre los alojamientos turísticos que permitía hasta ahora obtener ventajas fiscales a sus tenedores en clara desigualdad con los alquileres al año.

En adelante se establecerá un régimen fiscal similar para estos dos tipos de alquiler. Un primer paso que han saludado, en Euskal Herria, tanto la Mancomunidad Vasca, por boca de su presidente Jean-René Etchegaray, como la asociación Alda, que defiende el derecho a la vivienda.

El texto, impulsado por el diputado de la circunscripción «vasco-bernesa» Iñaki Echaniz, mano a mano con la macronista bretona, Annaïg Le Meur, empezó a debatirse la pasada primavera pero, tras varios aplazamientos, el año acabó sin que se votara.

La perseverancia de los proponentes permitió que, finalmente, la norma fuera adoptada en la tarde del 29 de enero.

La iniciativa salió adelante por 100 votos a favor y 25 en contra. Recibió el apoyo de la izquierda, de los independientes del grupo Liot y de la mayor parte de la bancada macronista. Por su parte, la mayoría de los diputados adscritos a la derecha de Les Républicains (LR) así como los de Rassemblement National (RN, ultraderecha) votaron en contra, invocando como argumento principal la defensa de «los pequeños propietarios».

MENOS DEDUCCIONES

Elemento clave de la propuesta es que se aplicará un 30% de deducción fiscal a los ingresos procedentes del alquiler turístico de corta duración, equiparándolos así en trato fiscal con los alquileres de año. Ahora, los alquileres con Airbnb disfrutan de deducciones de entre el 50% y el 70%.

La medida contará con una excepción, ya que no se aplicará en las «zonas rurales de baja densidad demográfica», donde la deducción fiscal se mantendrá en hasta el 71%. Quedan exentas así casas rurales y pisos de estaciones de esquí.

Pese a la aprobación en la Cámara Baja, el periplo de la ley no está despejado del todo.

Para empezar porque es causa de discordia en el propio campo macronista. De hecho, el ministro de Cohesión Territorial, Christophe Béchu, pidió, nada más completarse la votación, «encontrar un punto de partida común» cara a la tramitación en el Senado, donde la derecha tiene mayoría. De ahí que encargara una misión parlamentaria para analizar globalmente la fiscalidad del alquiler en un momento en que la escasez de bienes que se alquilan a un año ha empujado al alza los precios, provocando una compleja situación social.

OTRAS MEDIDAS

El texto Le Meur-Echaniz incluye otras medidas de interés. Así, al igual que ocurre con los alquileres ordinarios, también los pisos turísticos deberán pasar un diagnóstico energético.

Ese diagnóstico clasifica de A G la eficiencia energética de las viviendas y contempla que los propietarios de inmuebles que cuenten con peor calificación (dos últimas letras) no puedan aumentar el alquiler cada año de acuerdo al IPC y, a futuro, no tengan incluso autorización para alquilar.

Además, la nueva norma aporta distintas herramientas de regulación a los alcaldes, que podrán rebajar de 120 a 90 días al año el periodo máximo de alquiler con fines turísticos para una residencia habitual.

También prevé otras disposiciones que destacaba precisamente, ayer, en su comunicado, la asociación Alda, ya que hará posible que se apliquen más sanciones y controles a los propietarios que tratan de eludir el registro obligatorio de esos bienes de uso turístico. Ante esa situación, ayuntamientos como el de Biarritz, azuzados por las acciones vecinales, han optado por denunciar ese tipo de fraudes en los tribunales.

En la misma línea de sacar a la luz esos alquileres de corta duración, la nueva norma obliga a los tenedores de viviendas a comunicar ese uso turístico a los administradores de las comunidades de vecinos.

NORMA APLAUDIDA

«Es un compromiso que hemos tardado un año y medio en concretar», se felicitó tras la votación el diputado socialista Iñaki Echaniz para mostrar su esperanza en que el texto sea registrado lo antes posible en el Senado. La otra ponente de la proposición de ley, Annaïg Le Meur, saludó como «un primer paso» una normativa que «da una respuesta concreta a la crisis inmobiliaria».

Por su parte, la exministra de Vivienda y actual directora de Oxfam, Cécile Duflot, aplaudía, a su vez, la aprobación de la proposición de ley y pedía ir más allá, hasta «eliminar todas las ventajas fiscales que favorecen los alquileres turísticos de corta duración».

De diferente opinión, en un comunicado remitido a la agencia AFP, la plataforma Airbnb afirmó que «en lugar de hacer más complejo el marco legal actual (...) queremos trabajar con más ciudades para aplicar las normas ya existentes», en referencia a las medidas que cada vez más urbes adoptan para tratar de limitar el fuerte aumento de este tipo de alquileres.

AVANZADILLA VASCA

En Euskal Herria, la Mancomunidad Vasca incluye a 24 localidades de Lapurdi en la llamada «zona inmobiliaria tensionada».

La institución adoptó en 2022 la llamada norma de compensación, que obliga a quien alquila un bien para cortos periodos a sacar al mercado otro para el alquiler al año. Tras un periplo en tribunales, por la denuncia de «pequeños propietarios», la medida entró en vigor el 1 de marzo de 2023 en la zona tensionada.

A ese dispositivo hay que sumar las medidas adoptadas para poner coto a los alquileres realizados a través de plataformas, o las decisiones de los ayuntamientos de aumentar los impuestos de las segundas residencias.

Esa última normativa autoriza a subir los impuestos sobre viviendas secundarias y vacías, más allá de la llamada zona tensionada. Sobre esa base, el Consejo de la Mancomunidad abogaba, en setiembre del año pasado, por extender el radio de acción de esa acción fiscal a 34 localidades.

Finalmente, la Mancomunidad Vasca logró el año pasado que París asumiera un proyecto piloto destinado a regular los precios de los alquileres. Ya rigen modelos similares en localidades francesas como Burdeos, Lyon, París o Montpellier y, a partir de esas experiencias, el dispositivo vasco de control de precios de alquileres debería empezar a ser aplicado, como tarde, en otoño de este año, según las previsiones que baraja la Prefectura de Pirineos Atlánticos.