La Asociación de Trabajadoras del Hogar ATH-ELE asesora a las empleadas externas e internas. Con los datos de ese trabajo de consultoría elabora un informe anual que ayer dio a conocer. El estudio constata que en algunos aspectos la situación ha mejorado con respecto a años anteriores. Sin embargo, en general, todavía no se cumplen las condiciones laborales estipuladas por ley: hay importantes infracciones en relación con la jornada laboral, los descansos, la remuneración, las condiciones de seguridad laboral, el alta en la Seguridad Social o el contrato escrito. Destaca, asimismo, que los incumplimientos son más acusados entre aquellas que trabajan como internas, sobre todo cuando se trata de mujeres migradas y, especialmente, si se encuentran en situación administrativa irregular.

Quizás lo que más llama la atención del informe es el maltrato institucional que la Asociación ha documentado. Y en este aspecto, todas las instituciones están implicadas: Osakidetza no reconoce accidentes laborales en el hogar; el SEPE obliga a superar un buen número de obstáculos para que las trabajadoras puedan cobrar la prestación por desempleo y, además, no reconoce las cotizaciones previas, obligando a las empleadas a demandar al organismo público. Otro tanto ocurre con la lentitud de la Inspección de Trabajo y los juzgados, que muchas veces empuja a las trabajadoras a renunciar a derechos reconocidos. Y, por último, están las agencias de colocación autorizadas que a falta de inspección promueven condiciones de trabajo ilegales. Hay incluso falsas cooperativas y agencias de servicios que continúan engañando a las empleadas, a pesar de haber sido denunciadas. Una permisividad inaceptable en un Estado de derecho. Pocas cosas hay más rastreras que aprovecharse de las personas vulnerables, quizás solo permitir que eso ocurra.

Durante la huelga feminista del pasado 30 de noviembre, la sociedad vasca mostró una gran sensibilidad hacia la explotación que sufren las trabajadoras de los cuidados. Una conciencia que desgraciadamente todavía no ha permeado hasta los responsables institucionales.