El Senado español dio ayer luz verde a la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP para elevar el castigo penal a las okupaciones y agilizar los desalojos, que se ejecutarían tras dar un plazo de 24 horas para abandonar el inmueble o acreditar que tienen derecho a estar en él.

Con mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, no había duda de que el pleno iba a tomar en consideración la iniciativa popular, pero la noticia estuvo en que dos aliados del Gobierno Sánchez, PNV y Junts, favorecieron también con su abstención la tramitación de la ley, que finalmente salió adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones.

El PNV decidió no votar en contra de la tramitación, aunque advirtió de que no le gusta ni el aumento general de penas ni la posibilidad de que se actúe sin intervención judicial.

«VENDEDORES DE ALARMAS»

«Tolerancia cero ante la okupación» manifestó el senador del PP José Ramón Díez de Revenga, quien subrayó la necesidad de luchar contra «mafias» que han creado «una industria del crimen que se extiende por todo el país». Aseguró que las denuncias han aumentado un 32% desde que Sánchez llegó al Gobierno.

Por el contrario, el senador de ERC, Jordi Gaseni, acusó al PP de agitar el miedo con un discurso «demagógico y populista» y el de EH Bildu, Josu Estarrona, les presentó como «vendedores de alarmas», al provocar un debate que ha colocado al Estado español como el primer país de Europa y el cuarto del mundo en alarmas instaladas.