La Diputación anuncia el archivo de la primera querella por Bidegi

La Diputación de Gipuzkoa, liderada por PNV y PSE, fue la encargada de notificar públicamente ayer la decisión del Juzgado de Azpeitia de archivar la primera querella del «caso Bidegi», tras nueve años sin avances en la investigación. El anterior Gobierno foral, comandado por Bildu, fue quien interpuso la denuncia en otoño de 2014 al detectar presuntas irregularidades en la obra.

El pasado mes de septiembre se conoció el archivo de una de las querellas por presuntos pagos por obras no realizadas en la AP1 (el llamado «caso Bidegi») y ahora ha ocurrido lo mismo con la otra, la original.

Llama la atención que la noticia no fuera difundida ayer por el Juzgado de Azpeitia, sino que como portavoz del mismo ha ejercido la Diputación de Gipuzkoa que lideran PNV y PSE y que lo rodeó, además, de descalificaciones políticas a EH Bildu.

El auto, que remitió posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es muy escueto: apenas tres folios en que no se hace referencia a los datos principales incluidos en la querella de 2014-15 y se da por bueno que en la denuncia pudieron incluirse cálculos «erróneos».

El archivo se remata señalando que, en cualquier caso, la Diputación no habría sido perjudicada, con lo que la jueza hace suya la alegación del equipo de Gobierno de PNV-PSE: «Se ha acreditado que en la liquidación final de la obra no ha existido perjuicio económico ni para la Diputación Foral de Gipuzkoa ni para Bidegi SA; por lo que no se puede hablar de desviaciones de dinero público mediante sobreprecios que pudieran sostener una acusación por delito de malversación de caudales públicos, como se sostenía en la querella. Así, la Diputación Foral de Gipuzkoa presentó escrito de fecha 18 de septiembre de 2017 en el que hacía constar que no había presupuesto alguno para la obra, ni por lo tanto inversión de dinero público, sino que Bidegi SA asumía con sus presupuestos propios la obra».

La primera querella fue interpuesta por la Diputación que entonces dirigía Bildu en otoño de 2014, al detectar pagos de 3,4 millones por un traslado de tierras al depósito de Basagoiti-2 que no constaba y que se consideraba inverosímil. Se amplió luego con otras irregularidades advertidas, como un grosor de hormigón en túneles de la AP1 notablemente inferior al abonado a las constructoras. Posteriormente, se presentó una segunda querella por similares cuestiones en otro tramo.

Ambas fueron admitidas a trámite por el Juzgado de Azpeitia, pero la investigación apenas ha avanzado en esta década, supuestamente por la falta de medios para indagar en aspectos técnicamente muy complejos. A ello se suma que el cambio de Gobierno en Gipuzkoa, en 2015, hizo que la Diputación se desmarcara de la acusación y pasara en la práctica a ejercer la defensa.

La diputada foral de Infraestructuras Viarias, María Ubarretxena, indicó que «nos acercamos al final de un dilatado proceso en el que se ha perseguido de manera infundada a trabajadores y trabajadoras de la Diputación, de Bidegi y de las empresas adjudicatarias; se ha puesto bajo sospecha a los y las responsables políticos y la integridad de la institución foral».

«Queda expuesta la estrategia de quienes solamente buscaban menoscabar a toda costa y a cualquier precio al rival político, bajo acusaciones de graves delitos, apoyándose en informes erróneos y generando un daño irreparable a demasiadas personas», señaló.