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Herrian Bizi emplaza a poner coto a las segundas residencias

Urdazuri se construyó para permitir a los lohizundarras con menos ingresos vivir en su municipio pero, a día de hoy, las casas de ese barrio cotizan a 5.500 euros el metro cuadrado e incluso más.

Representantes de la plataforma por el derecho a la vivienda, ayer, en Donibane Lohizune. (Patxi BELTZAIZ)

Donibane Lohizune cuenta con 14.615 viviendas de las cuales casi la mitad (6.402) son secundarias y 376 están vacías.

Hasta esa localidad de la costa labortana se trasladaron, ayer, representantes de la plataforma Se loger au pays-Herrian Bizi dando cita a los medios de comunicación en un barrio, el de Urdazuri, que pierde imparablemente viviendas para uso habitual.

El barrio se construyó en la década de los 70 del siglo pasado para permitir particularmente a los trabajadores lohizundarras vivir en su municipio. Sin embargo, en el marco de una crisis que, alerta la plataforma, ha llegado a «un punto crítico», Urdazuri nutre ahora la oferta de segundas viviendas con precios que promedian los 5.500 euros el metro cuadrado o incluso más.

Para Herrian Bizi, esa situación es representativa del problema de especulación inmobiliaria, que hace que se produzca un constante trasvase de viviendas de vocación social al mercado de las segundas residencias.

Una evolución que distorsiona el sentido inicial de esas actuaciones urbanísticas y que ha sido posible, a juicio del colectivo, por la política llevada a cabo por las instituciones públicas en las últimas décadas en el norte de Euskal Herria.

Esa media de 4.250 euros que se paga por cada metro cuadrado de una vivienda en el norte del Bidasoa hace que «tres cuartas partes de la población de Ipar Euskal Herria no esté en disposición de adquirir una vivienda», recuerda la plataforma.

En la propia Donibane Lohizune o en Biarritz, los precios se disparan a los 7.000 euros por metro cuadrado, lo que hace que «solo el 1% de sus vecinos puedan hacerse con una vivienda en propiedad».

20% DEL PARQUE

Al término de la movilización celebrada el 1 de abril de 2023 en Baiona, Herrian Bizi lanzó su particular #StopAski haciendo saber que no aceptará que siga engordando el parque de bienes de uso turístico en un territorio en el que un 20% de las viviendas no se usan de manera habitual sino que son disfrutadas solo en vacaciones por sus dueños.

«Esta situación es insostenible y tenemos que hacerle frente», advierte Herrian Bizi que, según lo anunciado en Urdazuri, en próximas fechas se dirigirá a los electos de los tres territorios para exigirles que actúen con responsabilidad y hacerles partícipes de sus propuestas para «desatascar la situación».

REUNIÓN PÚBLICA

La plataforma que ha remodelado su logo ha ofrecido hasta «siete llaves», capaces de abrir la puerta a las soluciones de una crisis a la que aspira hacer frente con el apoyo de la ciudadanía a la que convoca a una reunión pública, el 21 de febrero, en la sala Lapurdi de Uztaritze.

Herrian Bizi plantea que la modalidad de ruptura de un contrato de alquiler para venta de la vivienda no sea posible en el caso de que el propietario pretenda poner esa vivienda de uso anual en manos de un comprador que plantea usar la misma como residencia esporádica.

Igualmente, considera que deben aplicarse cuotas de residencias secundarias en cada localidad y crear una nueva tasa, más alta, a pagar por los propietarios de viviendas situadas en la llamada zona tensionada. En la misma línea, reclama una fiscalidad que penalice las transmisiones en caso de que el bien se vaya a destinar a segunda residencia.

Otra de las medidas que propone es la de hacer obligatoria la presentación del reglamento de la comunidad para verificar el uso de los bienes.

La plataforma apela a profundizar en el mecanismo de compensación, según el cual, por cada bien de uso turístico que oferte un propietario debe proponer un segundo para uso anual. Herrian Bizi considera que las propuestas aprobadas recientemente en la Asamblea Nacional francesa van en la buena dirección, aunque advierte que «habrá que mantener la presión» para garantizar su aplicación.

La plataforma estima que «la lucha contra la proliferación de viviendas secundarias es una cuestión colectiva», por lo que apela a «cada actor de la cadena inmobiliaria» a asumir sus responsabilidades» citando entre los destinatarios de su #StopAski a agentes inmobiliarios, promotores de viviendas o notarios.