A juicio de Stop Desahucios, el recurso del Gobierno de Lakua contra la Ley estatal de Vivienda supone que «el PNV antepone sus intereses partidistas a los del conjunto de ciudadanos y ciudadanas vascas, y otra vez ataca todos los instrumentos que establecen una limitación a la especulación de grandes y pequeños propietarios, inmobiliarias, bancos, y fondos buitre, como ya hizo oponiéndose e impugnando la Ley de Vivienda vasca», destacando que este modo de actuar es equiparable al de los gobiernos del Partido Popular en distintas comunidades autónomas del Estado español.

Stop Desahucios denunció ayer que la formación jeltzale lleva «ocho años incumpliendo e inaplicando» la Ley de Vivienda de la CAV y recordó que los grandes municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, entre los que se encuentran las tres capitales, han aprobado la moción para declararse municipio tensionado en el marco de la Ley de Vivienda estatal.

«La política del PNV en materia de vivienda no se adapta a las necesidades sociales», añadió Stop Desahucios, que reclamó que, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie en relación a los recursos, se sigan utilizando las herramientas que proporciona la norma y se declaren tensionados los 41 municipios de los tres herrialdes que cumplen los requisitos.

Junto a ello, emplazó a los ayuntamientos de estos 41 municipios, muchos gobernados por el PNV, a que elaboren la memoria justificativa y el plan a tres años para que Lakua envíe al Ministerio español de Vivienda su solicitud de zona tensionada.

«No toleraremos ninguna dilación en la ejecución de estos procedimientos por parte de ninguno de estos ayuntamientos en base a la impugnación del PNV ante el Tribunal Constitucional», advirtieron.

«La política de vivienda del PNV se basa en no hacer nada para parar el ascenso de los precios de los alquileres hoy día impagables, no hacer nada para movilizar la vivienda deshabitada, dar subvenciones a fondo perdido a los propietarios e incentivos fiscales a la compra de viviendas, no aumentar significativamente los presupuestos ni cambiar las reservas legales de suelo para VPO. En fin, una política de vivienda libre y protegida con dinero público solo para los que puedan pagarla, cuando hay decenas de miles de familias en Euskadi que no pueden hacerlo», resumieron.

HABLAN LOS CANDIDATOS

La decisión de Lakua fue respaldada por el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, para quien la Ley de Vivienda «no está dando respuesta a aquello que pretendía arreglar», porque «desde el punto de vista del alquiler está habiendo una retracción de la oferta en el mercado y un aumento de los precios de alquiler. Tendría muy buenas intenciones, pero el resultado no está siendo positivo».

Además, Pradales entiende que existe «una invasión competencial y un ataque directo a la capacidad de autogobierno. Hay una Ley vasca que ya regulaba muchas de estas cuestiones. El 35% de toda la vivienda pública del Estado está en Euskadi. Y tenemos un parque de viviendas en alquiler y en propiedad pública que supera las 88.000 viviendas».

Su homólogo de EH Bildu, Pello Otxandiano, reivindicó la necesidad de una mayor soberanía para «disponer de todas las herramientas jurídico-políticas» que permitan «una política pública de vivienda proactiva». Remarcó que la situación de la vivienda en muchos municipios es «nefasta», con «precios desorbitados, una falta evidente de oferta de alquiler y con una de las tasas de emancipación más bajas a nivel europeo».

Otxandiano subrayó que «la vivienda es un derecho», como «se reconoció en aquella ley que se aprobó en el Parlamento Vasco en 2015 con el voto contrario del PNV», y añadió que «es uno de los principales problemas».

Lakua asegura que el recurso se decidió en julio

El portavoz del Ejecutivo de Lakua, Bingen Zupiria, aseguró ayer que la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal de Vivienda no fue abordada en el habitual Consejo de Gobierno de los martes porque era una decisión que estaba tomada «desde julio» del año pasado, a pesar de ser una norma que cuenta con la oposición del PNV pero con el apoyo de su socio de coalición, el PSE.

Zupiria recordó que después de que esta ley fuera aprobada en mayo del año pasado en el Congreso de los Diputados de Madrid, el Parlamento de Gasteiz aprobó una iniciativa que pedía que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico analizaran si dicha norma era compatible con el Estatuto de Gernika y para determinar la forma en que debía ser aplicada en la CAV. Dicho análisis, subrayó el portavoz, llegó a la conclusión de que la Ley de Vivienda «invade competencias propias».

Por ello, en julio pasado, se acordó presentar un recurso, que ha tardado siete meses en llevarse ante el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho el Departamento de Autogobierno, liderado por el PNV, y no el de Vivienda, en manos del PSE. Bingen Zupiria indicó que la demora se ha debido a que en aquel momento se inició un proceso de conversaciones con el Gobierno español para tratar de llegar a un acuerdo y explicó que finalmente no ha sido posible llegar a un entendimiento.

Destacó que la percepción jeltzale no es aislada, ya que hay otros cinco gobiernos autonómicos que también han recurrido esta ley ante el Constitucional, y puntualizó que en todo caso desde que esta normativa entró en vigor el Gobierno de Lakua está aplicando y «haciendo que se cumpla» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al igual que ocurre con el resto de leyes. GARA