La enésima crisis que afronta el Gobierno de Perú desde hace unos días se ha cobrado la cabeza del primer ministro, Alberto Otárola, quien renunció al cargo el martes tras ser acusado de tráfico de influencias por facilitar un contrato irregular de su expareja con el Estado. La presidenta, Dina Boluarte, designó como sustituto al representante de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén.

Boluarte pierde así a su mano derecha en el Gobierno, con quien lidió la crisis que desató la represión a balazos de las protestas contra su ascenso al poder el 22 de diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, y que dejó al menos medio centenar de muertos.

Otárola debió interrumpir un viaje oficial en Canadá y regresar a Perú el martes, tras el escándalo que desató la publicación el fin de semana de unos audios en los que se escucha su voz expresando afecto hacia una mujer que en el año 2023 obtuvo dos contratos con el Estado por 53.000 soles (unos 14.000 dólares), como asistente técnica administrativa en el Ministerio de Defensa.

La mujer aludida, Yaziré Pinedo, aseguró que los audios son de 2021, cuando Otárola no era primer ministro. Admitió haber tenido entonces una «relación quizá sentimental» de unos días con él.

Ante los medios, Otárola negó ser un «corrupto» y que dimitía para «darle tranquilidad» al Gobierno. Señaló que su salida fue fraguada por sus adversarios políticos, y citó directamente al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

Vizcarra calificó de «delirante» la acusación y anunció una querella por «difamación agravada».