La Ley de Amnistía es un buen punto de partida

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer la proposición de Ley de Amnistía para los implicados en el procés independentista de Catalunya. De este modo, continuará su tramitación tras haber sido rechazada en el pleno del 6 de febrero. Los cambios pactados modifican bastantes aspectos de la anterior proposición. En primer lugar, puntualizan que serán los jueces los encargados de aplicarla. Además, amplían el ámbito temporal de aplicación en dos meses. El resto de modificaciones están dirigidas a acotar los delitos que se excluyen de la amnistía; así, la interpretación del delito de terrorismo remite a la legislación europea para evitar la aplicación extensiva que hacen están haciendo los jueces españoles. En cuanto al delito de traición exige que se haya usado la fuerza para que quede excluido. De la misma forma, en el delito de malversación no se incluirán los casos en los que haya habido enriquecimiento personal.

Sin lugar a dudas, el acuerdo sobre la Ley de Amnistía es una noticia positiva para todas las partes implicadas. Conviene resaltar que ha sido fruto del acuerdo entre Junts y ERC, de modo que cuenta con el respaldo mayoritario del independentismo. En la misma medida, como señaló la portavoz en el Congreso de ERC, Teresa Jordá, es el punto de partida para empezar la segunda fase de la negociación del conflicto político. Por otra parte, el acuerdo muestra la voluntad del PSOE de abandonar la vía de la represión y de encarar la resolución del conflicto político abierto por las demandas independentistas por medios políticos. Es una apuesta por la reconciliación y la política. El PP, sin embargo, volvió a reivindicar la vía represiva. De hecho, Mariano Rajoy se permitió incluso reivindicar la aplicación del artículo 155: «lo mejor que se hizo en España».

La Ley de Amnistía marca el comienzo de una legislatura que abre la posibilidad a un nuevo enfoque de las demandas independentistas por parte del Gobierno de Madrid. Abandonar la represión y apostar por la política significa que, además de dejar de criminalizar al independentismo, será necesario abrir cauces para ejercer el derecho a decidir.