A comienzos de 1933, el Ayuntamiento de Pamplona discutía la aprobación de los presupuestos. Su alcalde era Nicasio Garbayo. Al examinar el capítulo de las subvenciones, preguntó «si en las partidas establecidas había alguna que estaba en contraposición con disposiciones superiores». El edil socialista S. Goñi Urriza indicó que había que subvencionar al Instituto de Segunda Enseñanza y la Normal y que «las destinadas a instituciones confesionales debían suprimirse».

Es decir, las 6.000 pesetas destinadas a las escuelas del Ave María, como las consignadas para las Hermanas de la Caridad, la Escuela Nocturna de san Vicente de Paul, la Comunidad Hijas de María Inmaculada, etc., irían al garete... Goñi preguntó al contador, Pérez de Eulate, por qué «había incluido estas partidas en el Presupuesto, siendo anticonstitucionales». Respondió que siguió la rutina de años atrás. Y porque «su misión no era revocar acuerdos, ni entender lo que era constitucional y anticonstitucional; en esto no tenía autoridad». El alcalde, que la tenía y estaba obligado a interpretar y hacer cumplir los preceptos constitucionales, decidió que «esas subvenciones ni siquiera se deben discutir y no han de figurar en los presupuestos». Los ediles de derechas abandonaron el pleno como protesta. Garbayo suspendió la sesión advirtiendo de que «sería leal e inflexible en la interpretación y ejecución de leyes que emanan de la superioridad».

El relato de los periódicos del hecho fue idéntico, pero no su interpretación. Sus ecos dialécticos parecen de hoy. ¿Eran esas subvenciones constitucionales? Las izquierdas apelaron al artículo 26 de la Constitución para decir que no: «El Estado, las provincias, los Municipio, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Institutos religiosos».

Para “Diario de Navarra”, como la palabra subvenciones no aparecía en el artículo constitucional, dijo que sí. A saber lo que Diario entendía por «auxiliar económicamente». Hoy, cuando la Constitución dice que «los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones», ¿alguien ve la palabra subvención por alguna parte? Y, ya ven, las subvenciones a la Iglesia son un diluvio.

El pulso dialéctico entre “La Voz de Navarra” y “El Pensamiento” tuvo otro cariz. El «nacionalista-carlista» Jesús Etayo Zalduendo escribió que la defensa de las subvenciones que hicieron las derechas fue «erróneo, por ser católicos y tradicionalistas, pero no por ser navarros y por ser un ayuntamiento navarro, el de Iruña». Etayo objetó: «Si somos navarros podemos decidir libérrimamente la inversión de nuestros recursos para servicios de los ciudadanos de Iruña, a pesar de lo que el Estado Central haya resuelto. Nadie llevó el asunto a ese terreno. Y este terreno es el propio del asunto». Olvidaba que quien decidió retirar esas subvenciones era un ayuntamiento navarro y que lo hizo democráticamente. No coló. Para Etayo, la izquierda votó por una perversa razón, la de «ser laicistas» y «estadistas»: «No han recordado su condición de navarro, sino su apelativo de laicistas sectarios que niegan auxilio a aquellas enseñanzas que repudian por cristianas. Se escamotean al decir que se suprimen tan aludidas subvenciones porque las prohíbe la Constitución, como si la constitución fuera un dogma con obligatoriedad absoluta e indiscutible y por todos acatada. ¡No, no y no!».

Y las derechas, habían actuado igual, solo que «por omisión». Se olvidaron de su identidad fundamental: «ser navarros y foralistas, antes que católicos o tradicionalistas».

Los carlistas contestaron a Etayo, antiguo director de “El Pensamiento”, diciendo que las derechas se retiraron del pleno por «velar por el Fuero, rechazando la postura centralista, estadista del alcalde». Mostraron que «el fuero y la ley paccionada de 1841 estaban por encima de la doctrina del Estado. Al hacerlo, se llevaron con ellos la esencia del fuero que no podía quedar allí menospreciada por quienes cegados de sectarismo, sino antes que nada, servidores incondicionales del gobierno».

En esta misma línea de radical foralidad y anticentralismo español, Etayo afirmó que «no existían disposiciones del Estado que prohíban a los Ayuntamientos españoles mantener consignaciones como las que trata. El artículo 26 de la Constitución no prohíbe, menos aún, la retribución misérrima de un servicio, aunque lo preste una congregación o instituto religioso». En definitiva, la Constitución de 1931 no mandaba sobre Navarra y, en el caso de las subvenciones, «tal prohibición no puede afectar a los ayuntamientos navarros. Si se acepta, es por antinavarrismo, consciente o ignorante». Pues un navarro era, por esencia y por existencia, anticonstitucionalista y solo la foralidad podía guiar su conducta política. Quienes no se comportaran así, no eran navarros. Menos aún, si eran laicistas, que Etayo identificaba groseramente con ser anticristianos y anticatólicos. Y, por supuesto, ateos y anticlericales.

La de pestes que no soltaría este furibundo Etayo contra quienes han aplaudido la decisión del Tribunal Supremo sobre la cosa esa del Tráfico foral o benemérito. «¡Vaya mierda de navarros!». «¿UPN, foral y navarro?». ¡Menudo fiasco!

¿Que si Etayo planteaba el fuero por encima de la Constitución? Bueno. Hoy no hace falta apelar al santo fuero para hacer de la neutralidad confesional del Estado, consagrada por la Constitución, un fetiche de mierda. ¿Que Etayo era un intolerante, porque solo tenía como verdaderos navarros a los que dormían y se acostaban con el fuero? Sí, pero no era su actitud tan distinta a la los nacionalistas españoles y navarros con pedigrí de hoy repartiendo patentes de identidad navarra y española.

Ser laicista y español y/o navarro sigue sin entrar en la mollera de los políticos que hacen de ese comodín excluyente y exclusivo la patente de la identidad. ¿Y constitucionalista? Cuando interesa.