La Abogada General de la UE pide anular el pacto pesquero con Marruecos por el Sahara

La Abogada General de la UE propuso ayer al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule la decisión del Consejo por la que se celebra el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con Marruecos, porque considera que vulnera el principio de autodeterminación del Sahara Occidental al no tratarlo como «separado y distinto» de Rabat.

Por no respetar el principio de autodeterminación de los saharauis, la Abogada General de la UE, Tamara Cápeta, propuso ayer anular el acuerdo pesquero con Marruecos, aunque respaldó el agrícola.

Cápeta apoyó la sentencia del Tribunal General -primera instancia del TJUE- que en 2021 anuló la decisión del Consejo por la que se aprobaba la celebración del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y su protocolo, aunque preservó sus efectos hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones, la abogada de la UE propuso al Tribunal de Justicia que desestime estos recursos de casación y confirme el fallo del Tribunal General.

La aplicación de este protocolo expiró el 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente al Estado español, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.

Pese a respaldar la sentencia del TJUE, la Abogada General propuso, no obstante, basar dicha anulación en un razonamiento diferente. En este sentido, explicó que el pueblo del Sahara Occidental no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre, aunque reconoció que el Frente Polisario lucha por uno de los tres posibles resultados del derecho a la autodeterminación: la creación de un Estado.

EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

En consecuencia, Cápeta consideró que debe considerarse que el Frente Polisario representa los intereses y deseos de «al menos» una parte del pueblo del Sahara Occidental y recordó que tanto el acuerdo de pesca como su protocolo de aplicación no cumplen el requisito de tratar el territorio como «separado y distinto» de Marruecos, lo que vulnera el principio de autodeterminación, tal como interpretó el Tribunal de Justicia previamente.

Además, según la Abogada General, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también puede repercutir en el derecho del pueblo del Sahara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio.

Sin embargo, dado que algunos de esos elementos -aunque se plantearon previamente ante el Tribunal General- no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sahara Occidental.

RESPALDO AL ACUERDO AGRÍCOLA

Sin embargo, la misma Abogada General indicó que el Tribunal General incurrió en un error al anular la decisión por la que se aprueba, en nombre de la UE, un acuerdo arancelario preferencial con Marruecos relativo al territorio del Sahara Occidental, por lo que propuso anular dicha sentencia.

En este caso, la Unión Europea considera a Marruecos como potencia administradora del Sahara Occidental, por lo que puede aceptar que Rabat dé su consentimiento a dicho acuerdo en nombre del pueblo saharaui.