El Tribunal Superior de Londres abrió ayer una nueva vía para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueda tener una nueva revisión completa de su potencial extradición a Estados Unidos, a la espera, no obstante, de una serie de garantías requeridas a las autoridades estadounidenses.

La Corte tenía que pronunciarse sobre si autorizaba la apelación de Assange o daba luz verde a su entrega a EEUU, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a través de WikiLeaks. Pero los jueces entendieron que los argumentos presentados por los abogados de Assange tenían fundamento y optaron por pedir a EEUU una serie de garantías antes de tomar un decisión final, por lo que el periodista no será extraditado inmediatamente.

El Gobierno de EEUU tiene tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange no será condenado a la pena de muerte, de que podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, que consagra la libertad de expresión.

En caso de que los jueces no reciban tales garantías, se concederá al periodista el permiso para recurrir, pero si EEUU ofrece los avales requeridos, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una vista el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la apelación.

Assange recibe un balón de oxígeno parcial, ya que un rechazo frontal a sus argumentos tras las vistas de febrero en el Tribunal Superior habría implicado dar por bueno el aval político a su entrega. En ese caso, solo le quedaría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los jueces debían decidir si apoyaban o revocaban el fallo de 2023, que denegaba a Assange la posibilidad de seguir recurriendo y dio su visto bueno a su extradición, firmada en junio de 2022 por la ministra de Interior Pritti Patel.

Assange, que llegó a permanecer casi siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha tratado de bloquearla por todas las vías posibles. Sobre él pesan cargos por violar la Ley de Espionaje de EEUU y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel por filtrar miles de documentos secretos relacionados con posibles crímenes de guerra en Irak y Afganistán.