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Seguridad o libertad: dos años de «guerra contra las pandillas» de Bukele

El Salvador ha cumplido dos años desde la implementación de un régimen de excepción, cuyas acciones han sido bautizadas por Nayib Bukele como una «guerra contra las pandillas» que le ha garantizado mantenerse en el poder entre constantes denuncias de violaciones de derechos humanos.

Bukele saluda al llegar a la Conferencia Política de Acción Conservadora, en Maryland. (Ron SACHS | E.PRESS)

Hace ayer dos años, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró una «guerra» a las pandillas tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora proclama que su país es el «más seguro» del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y que ha llevado a la detención de más de 78.000 personas. Sus opositores afirman que el precio ha sido alto.

Si bien la polémica medida ha sido señalada por vulnerar derechos, ha contribuido a bajar aún más la cifra de homicidios, tendencia que ya venía desde 2015, y ha elevado la popularidad de Bukele. La ciudadanía aplaude la sensación de tranquilidad y seguridad, aunque muestra inquietud por la detención de muchos jóvenes sin vinculación con las maras.

Bukele usó el régimen de excepción como su principal herramienta de campaña de las elecciones del 4 de febrero, que ganó con amplía mayoría, lo que le permitirá continuar en el Ejecutivo hasta 2029, a pesar de que la Constitución no permite la reelección inmediata. Controla los tres órganos del Estado, lo que incluye la Corte Suprema de Justicia.

«CONCENTRAR EL PODER»

La diputada del FMLN Anabel Belloso señaló a Efe que la violencia ha disminuido, pero remarcó que el régimen de excepción «es una medida de control social, una estrategia para concentrar el poder, porque es una herramienta que la ha utilizado para acallar voces que lo critican, y perseguir a líderes comunitarios», dijo.

Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida.

Pero organizaciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele. Amnistía Internacional (AI) y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión. Según un informe de AI de 2023, en El Salvador el 1,7% de los mayores de 18 años está detenido, una de las tasas más altas del mundo.

«Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos», asegura AI, que afirma que el presidente obliga «a la población a elegir entre seguridad y libertad».