La Audiencia de Gipuzkoa ha decidido que el joven procesado por la muerte de Santi Coca que no ha sido aún juzgado por estos hechos porque huyó al Estado francés siga en prisión provisional sin fianza.

Se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por participar en la paliza que varias personas propinaron a Coca, de 17 años, en el exterior de una discoteca de Donostia el 26 de abril de 2019, acabando con su vida. El juicio con jurado contra cinco acusados se celebró entre noviembre y diciembre de 2023 en la Audiencia de Gipuzkoa.

La vista se saldó con la absolución de cuatro de ellos y la condena del restante a tres años y medio de cárcel por homicidio imprudente con la atenuante de intoxicación etílica. El fallo está recurrido.

En este juicio no estuvo presente el sexto procesado, de 24 años, quien huyó antes de la vista, en la que se iba a enfrentar una petición de veinte años de cárcel, y no fue capturado hasta el pasado 27 de febrero en la localidad de Draguignan, en Occitania. Tras ser entregado por las autoridades francesas el pasado 21 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid dictó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

El pasado 26 de febrero se celebró una vista en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa para adoptar una decisión sobre la situación de este acusado, para el que la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular que ejerce el Ayuntamiento de Donostia reclamaron que se mantuviera la situación de prisión provisional.

La defensa solicitó su libertad provisional o, en su defecto, la libertad bajo una fianza de 20.000 euros.

La sala ha decidido ratificar la decisión del juzgado madrileño y mantener al procesado en prisión, porque resulta «evidente la existencia de riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia».

«RIESGO DE FUGA»

El auto señala dos hechos que apuntan a la existencia del riesgo de fuga: la elevada pena de prisión a la que se enfrenta el procesado y su «reciente trayectoria», ya que dejó de presentarse en el Juzgado de Irun el 1 de octubre de 2022, se marchó al Estado francés y estuvo más de un año y medio ilocalizable.

«En estos momentos existe un riesgo de fuga indiscutible a tenor de la reseñable extensión de las penas de prisión que se le solicitan (20 años de prisión) y de su prolongada situación de ilocalización y huida a Francia», argumenta la sala en su decisión.