Todavía quedan muchos privilegios por derogar

El Gobierno español anunció ayer que pondrá fin a las conocidas como «golden visa», un privilegio que permitía a extranjeros obtener un permiso de residencia a cambio de invertir 500.000 euros en inmuebles. Una idea que se promocionó tras la crisis financiera de 2008, especialmente en los países que sufrieron con más fuerza el estallido de la burbuja inmobiliaria, como una forma de atraer capitales y revitalizar la especulación inmobiliaria.

Conceder privilegios a las personas ricas a cambio de su dinero es una práctica terriblemente injusta al ofrecer prebendas a quien no las necesitan. Además, esta dispensa ha demostrado que tiene efectos económicos indeseables, ya que la mayoría de las inversiones se realizan cabalmente en zonas en los que los precios de la vivienda son ya elevados. Esas compras foráneas contribuyen a que los precios sigan creciendo y reduce la oferta para los residentes, de modo que tiene un efecto muy negativo sobre el precio de la vivienda y los alquileres. De hecho, tanto Grecia como Portugal ya han modificado las condiciones y han establecido nuevos límites para evitar esos efectos perniciosos. Por otro lado, la «golden visa» promovía la entrada de capitales para que los países altamente endeudados del sur de Europa pudieran hacer frente a la deuda, tal y como exigían los países del norte de Europa con Alemania a la cabeza, por lo que la Comisión no puso objeciones a su proliferación. Todo cambio con la guerra en Ucrania, cuando descubrieron que muchos inversores eran rusos. A partir de ese momento, Bruselas consideró que ese tipo de privilegios eran antidemocráticos, atentaba contra la seguridad y abrían la puerta a la corrupción y el lavado de dinero. La política de la hipocresía y el oportunismo.

Según Eneko Goia, alcalde de una de las ciudades con la vivienda más cara del Estado español, el impacto será «anecdótico». Tal vez lo sea, pero conviene recordar que el sistema tributario está lleno de prebendas para los privilegiados, ya sea para atraer talento o para que especulen con viviendas a través de las Socimis. Todas ellas contribuyen a que el derecho a la vivienda se haya convertido en un negocio especulativo.