Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Policías y militares fuertemente armados de Ecuador irrumpieron por la fuerza en la Embajada de México en la madrugada del sábado y se llevaron detenido a Jorge Glas, vicepresidente con Rafael Correa entre 2013 y 2018. Ello ha provocado un conflicto diplomático sin precedentes de difícil solución.

El Gobierno de Daniel Noboa defiende su violento actuar para poner a disposición de la justicia a quien tacha de delincuente. Por su parte, México denuncia una violación del Convenio de Viena que protege la integridad nacional de las Embajadas. Esto se ha traducido en una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La comunidad internacional ha dado la razón a México y el Gobierno de Ecuador se ha quedado solo no solo a nivel interno, sino también en el exterior.

La primera consecuencia ha sido que los 51 diputados del principal partido de la oposición, Revolución Ciudadana (RC), han retirado su apoyo a Noboa en la Asamblea Legislativa. Ello se traducirá en serias dificultades para aprobar leyes encaminadas a luchar contra la creciente criminalidad que asola el país y que ha llevado al presidente a declarar la existencia de un conflicto armado interno desde el 9 de enero.

La excandidata presidencial y líder de RC, Luisa González, exigió la dimisión de Noboa por haber «demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar» al haber provocado una «crisis diplomática sin precedentes».

Denunció que «invadir una Embajada es atacar suelo extranjero y declarar la guerra a un país». Gracias al respaldo de RC, el Partido Social Cristiano, su propia formación, Acción Democrática Nacional, y algunos diputados independientes, alcanzaba la mayoría de la Cámara con 92 de los 139 escaños. Todo ello cambia a partir de ahora, aunque Noboa respondió el martes que «la agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajados».

Noboa, que asumió el poder el pasado 23 de noviembre y que aspira a la reelección en los comicios de 2025, ha dado un golpe en la mesa contra los últimos vestigios del correísmo en Ecuador. Con el arresto de Glas, pretende ganarse la confianza de la población en su lucha férrea contra la delincuencia y la corrupción, al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Para conocer si cuenta con el respaldo mayoritario de la población, solo hay que esperar al 21 de abril cuando se celebre una consulta popular y referéndum con once preguntas sobre reformas de la Constitución y de normativas internas. Dos de ellas propondrán que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el crimen organizado en apoyo a la Policía, así como incrementar las penas por «terrorismo» o delincuencia organizada.

SI LOGRA EL APOYO A ESTAS INICIATIVAS, TODO APUNTA A QUE NOBOA REPETIRÁ MANDATO

tras los comicios del próximo año sin ningún coste político por su decisión de irrumpir en la Embajada de México, bajo el argumento de evitar la fuga de Glas, quien había obtenido la semana pasada asilo político por persecución y acoso.

Un escenario diferente será la imagen del mandatario a nivel internacional, dado que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció, la presentación -hoy- de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión «vil y autoritaria» de la Policía que, a su juicio, contó con «el respaldo de otros gobiernos o potencias». Poco después de acusar a EEUU de adoptar una «postura ambigua», el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, condenó las acciones «equivocadas» de Ecuador, que suponen una «violación de la Convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas». Señaló que Quito «ignoró sus obligaciones de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas». Por su parte, la OEA arropó ayer a México al aprobar una «condena enérgica» de la acción de Ecuador.

La presidenta temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro, convocó para mañana una cumbre de presidentes para condenar a Ecuador por «el ingreso ilegal de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México» que derivó en el «secuestro» de Jorge Glas, quien fue hospitalizado el lunes por una sobredosis de ansiolíticos. La canciller de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se opone a esta condena al defender que el asilo a Glas es «ilícito», puesto que «ningún delincuente puede ser considerado perseguido político cuando ha sido condenado en dos sentencias por casos de corrupción, además de tener una orden de captura». Dos posturas de momento irreconciliables.