El diario ‘Sud-Ouest’ publicó ayer, en su edición de papel, una entrevista con Bernard Cazeneuve, a la sazón primer ministro francés en el periodo del desarme de ETA.

Cazeneuve, a quien citaron como interlocutor directo o indirecto diversos testigos en el juicio celebrado en París los días 2 y 3 de abril, respalda en esa entrevista lo actuado por el entonces prefecto de Pirineos Atlánticos, Éric Morvan, y también por su propio ministro de Interior, Mathias Fekl.

Ambos prestaron declaración en el proceso abierto por la acción de Luhuso (2016) contra la periodista Béatrice Molle-Haran y el activista social Txetx Etxeberri. Una vista judicial a partir de la cual el tribunal emitirá sentencia, el 16 de mayo, pero en la que, en todo caso, se reivindicó la confianza y la colaboración como instrumentos indispensables para hacer efectivo el desarme mediante una vía nunca hasta entonces explorada.

El antiguo inquilino de Matignon, que elogia en la entrevista que firma el periodista Pierre Penin la actuación de Morvan y Fekl, razona la colaboración prestada al desarme de ETA con el concurso de la sociedad civil en clave de «responsabilidad de Estado».

Quien ocupara antes de ser promovido a jefe de Gabinete, en sustitución de Manuel Valls, el puesto de ministro de Interior, justifica esa acción en el contexto de seguridad que se vivía en ese momento.

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD.

Morvan y Fekl ya destacaron durante el proceso a Etxeberri y Molle-Haran que en 2017 ETA no era una amenaza de primer orden para el Estado francés, donde el islamismo armado había llevado a cabo atentados como los sufridos por el semanario ‘‘Charlie Hebdo’’ o la sala de conciertos Bataclan, ambos en París, o el que tuvo lugar en la sureña ciudad de Niza.

Los dos exresponsables públicos remarcaron en sede judicial que, en esa situación, sacar de la circulación el arsenal de ETA era una opción más que deseable para París, a fin de evitar que esas armas pudieran quedar fuera de control o incluso «pasar a malas manos», por utilizar la expresión que se escuchó en el tribunal parisino.

Para Bernard Cazeneuve, lo actuado fue, antes que nada, «cuestión de coherencia».

«Fui impulsor de una estricta política contra el tráfico de armas, ya que ese era un factor muy importante en la amenaza terrorista de cara a facilitar atentados masivos y, en coherencia, no podía, de un lado impulsar un endurecimiento de la legislación francesa y europea para enfrentar el tráfico de armas y, de otro, no hacer nada para recuperar un stock (de armas) que se situaba en regiones que tenían una historia de violencia», explica.

El exjefe de Gobierno bajo la presidencia de François Hollande invoca, al tiempo, la «responsabilidad de Estado» y confiesa que vivió «todo el capítulo» que llevó al desarme de ETA, que se oficializó el 8 de abril de 2017 en Baiona, «de manera muy pragmática».

«Francia estaba marcada por ataques terroristas muy mortíferos», insiste Cazeneuve, para asumir su «implicación voluntaria» en un proceso de desarme cuya supervisión directa confió a «personas que tenían mi confianza».

Confió en las explicaciones que sobre el plan de los artesanos de la paz le trasladaron el antiguo eurodiputado ecologista José Bové y el exportavoz del sindicato agrario Confédération Paysanne, François Dufour. Ya en clave más operativa, «el prefecto (Morvan) y el ministro de Interior (Fekl) plantearon un escenario fiable y a partir de ahí se ordenó dar paso a la restitución de esas armas», resume Cazeneuve.