Puerto Príncipe está casi en su totalidad en manos de las bandas armadas, los desplazados se cuentan por miles y la cifra de muertos aumenta mes a mes. El Estado ha colapsado, la escasez de alimentos y de combustible es general, los centros hospitalarios están cerrados y la intervención extranjera busca restablecer la situación anterior para preservar sus propios intereses económicos y geopolíticos. Un periodista local señalaba que «esta crisis no tiene precedentes en la historia reciente, si hay una palabra que puede describir la situación, esta es pánico».

Las bandas armadas de Haití no son una fuerza ni autónoma ni homogénea, son más bien herramientas de otros poderes, que las utilizan para sus propios intereses, al tiempo que permiten que esos grupos dominen el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro.

Desde 2023, el escenario de las bandas ha ido evolucionando con la formación de una alianza, Viv Ansamm (Vivir Juntos en criollo), la llegada al país de Guy Philippe a finales de diciembre, y la muerte violenta de algunos líderes.

En febrero de este año, se ha producido un salto cualitativo. Las bandas han atacado puntos clave de la capital y han dado una imagen de poderío frente a la ausencia real del Estado. La unidad de las bandas en los próximos tiempos está amenazada por la desconfianza y los diferentes intereses de sus patrocinadores políticos y económicos. De momento, han demostrado que a través de la violencia pueden ganar más poder.

La crisis política e institucional se sigue agravando. No hay presidente, ausencia total de funcionarios electos, una política y policía superada por la situación. Ante esta deplorable situación, la mal llamada comunidad internacional ha presentado una propuesta: la formación de un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que abriría la puerta entre otras cosas a la celebración posterior de unas elecciones.

En medio de una tensión política, una quiebra social y la violencia, el camino del CPT está lleno de desafíos.

Desde el anuncio de su formación se han sucedido los choques de intereses, las luchas internas por el poder y puntos de vista contrapuestos entre los diferentes actores políticos. Además de esos obstáculos, la mayoría de la población se muestra escéptica, la poderosa diáspora cuestiona su legitimidad y eficacia, y algunos sectores de la judicatura cuestionan su propia legalidad. Algunas fuentes señalan que todos los indicios apuntan a una disfunción inminente o un impase de este organismo, que parece menos un producto del consenso haitiano y más bien un mandato dictado por supervisores externos.

«Haití tiene buenas razones para no confiar en la comunidad internacional», señala Jacky Lumarque, rector de la Universidad Quisqueya. La intervención extranjera ha sido la que a través de la historia de Haití ha abierto la puerta a buena parte del cúmulo de situaciones que han generado la cadena de crisis en el país.

La lucha por la independencia contra españoles, franceses e ingleses fue seguida de un embargo comercial estadounidense, un pago de deuda impuesto por el Estado francés, ocupaciones de EEUU y misiones de la ONU. Como resultado, mayor pobreza, inestabilidad política, instituciones más débiles, más corrupción, mayor desencanto social y menos democracia. Hoy día, el protagonismo de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que nunca ha actuado en crisis anteriores, viene de la mano de EEUU.

En palabras de Lumarque, «parece que cada vez que el mundo interviene en nuestra política, es para nuestra desgracia. Incluso hoy, a pesar del discurso en sentido contrario, la solución propuesta no está liderada por Haití. Quienes buscan soluciones para el país necesitan humildad, matices y profundidad histórica si quieren encontrar respuestas adecuadas». Todo parecer indicar que no existe cualquier solución a corto plaza. Los movimientos que se den deben contar con el protagonismo de la sociedad civil. En cuanto a la comunidad internacional, en Haití, tampoco han sabido predicar con el ejemplo.