Trabajadoras y pensionistas tomaron ayer las calles del centro de Gasteiz para mostrar su rechazo a las bases del futuro Pacto Vasco por los Cuidados, acordado por el Ejecutivo de Lakua, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y los ayuntamientos de Bilbo, Donostia y Gasteiz.

«Un Pacto Vasco por los Cuidados vacío de contenido que se ha elaborado sin contar con el movimiento feminista ni con el movimiento de pensionistas ni con los diferentes agentes sindicales y sociales que impulsamos la huelga feminista general del 30 de noviembre», apuntaron mujeres pensionistas procedentes de Bizkaia ante el Parlamento, última parada de un recorrido reivindicativo que partió a las 12.00 desde la plaza Nueva.

Las primeras en tomar la palabra fueron las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Araba, que denunciaron sus condiciones laborales: «Tiempos irrisorios, amplios desplazamientos, pérdidas de tiempo entre servicios, disponibilidad de 51,5 horas semanales...». «El SAD es un servicio social imprescindible, un sector esencial dentro de los cuidados, por lo que debería de tener una gestión pública y nosotras deberíamos de ser trabajadoras públicas, pero, sin embargo, todo está privatizado», apuntaron.

La segunda parada del recorrido fue en la calle Olagibel, junto a la Subdelegación del Gobierno español, donde alzaron la voz las mujeres de la Asociación de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Araba (Athca). Censuraron las políticas migratorias y alertaron de que «la irregularidad administrativa que se nos impone no nos permite empoderarnos y nos aboca al miedo y a la indefensión, por lo que nos vemos en la obligación de aceptar trabajos en régimen interno, trabajando más de 60 horas a la semana por 600 o 700 euros, rozando la esclavitud».

«Luchemos juntas por un sistema de cuidados público y comunitario que respete los derechos y necesidades de las personas cuidadas y de nosotras, las trabajadoras de hogar y de cuidados», destacaron.

Esta idea es compartida por Zaintza Araba y por las trabajadoras de las residencias, que en cuatro años han realizado 32 jornadas de huelga en lucha por un convenio digno. Y el días 25 volverán a salir a la calle en defensa de sus derechos.

Las trabajadoras pusieron el foco en el negocio de Gesca, Lares y ACRA, patronales que «se siguen lucrando gracias al cuidado precario y a las pésimas condiciones asistenciales que ofrecen a nuestras personas mayores».

Algo en lo que también reparó el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), que, además de rechazar las bases del Pacto Vasco por los Cuidados, clamó contra la brecha salarial y volvió a reclamar una pensión mínima de 1.080 euros mensuales.