Un número no determinado de embarcaciones con migrantes y refugiados intentó en la noche del lunes al martes atravesar el canal de la Mancha hasta la costa británica aprovechando que las aguas estaban en calma y el cielo despejado con una luna casi llena, aunque la temperatura del agua era muy baja. Al menos cinco personas, entre ellas una niña de 4 años, murieron en su intento de llegar a Inglaterra poco después de dejar atrás la costa francesa.

La Prefectura del departamento de Pas de Calais informó de que hubo un movimiento masivo durante el embarque en un bote con más de cien personas, varias de las cuales cayeron al mar. Las autoridades enviaron varios buques de rescate a la zona y uno de ellos recogió a 48 personas.

La tragedia ocurrió unas horas después de que la Cámara de los Comunes británica diera luz verde al polémico plan del Gobierno de Rishi Sunak de deportar a Rwanda a las personas migrantes en situación irregular cuyas solicitudes de asilo no sean aceptadas en Gran Bretaña, una decisión criticada por organismos internacionales y ONG y que fue tildada de «histórica» por el primer ministro tory.

La ONU instó a Londres a «reconsiderar su plan» de deportaciones, que, según subrayó, «crea un peligroso precedente en el mundo». Los Altos Comisionados para los Derechos Humanos, Volker Türk, y para los Refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Gran Bretaña que, en su lugar, «adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos».

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, señaló que la ley «atenta contra la independencia de la Justicia» y solicitó a Londres que no deporte a esas personas.

DENUNCIA DE ONG

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también criticaron el plan aprobado. «Es una vergüenza nacional y dejará una mancha en la reputación moral de este país», afirmó Amnistía Internacional.

Médicos Sin Fronteras rechazó «por razones médicas, éticas y humanitarias» el proyecto de ley. Consideró que es «otro oscuro capítulo en el brutal enfoque británico de la migración», basado «en políticas de disuasión, externalización y castigo de las personas que buscan protección», y recordó que estos enfoques «causan importantes daños médicos y humanitarios, y cuestan vidas».

Censuró que se replique una fórmula que ya utilizó Austria al reubicar a solicitantes de asilo en la isla de Nauru, donde se registraron problemas de salud mental que teme que se repitan con «las decenas de miles de personas que corren el riesgo de ser trasladadas a la fuerza». Por eso, emplazó al Gobierno británico a «abandonar inmediatamente este enfoque cruel y abominable» y centrarse «en establecer rutas seguras y en crear un sistema de asilo operativo, justo y eficaz, que respete la salud y la dignidad de las personas».

PAÍS SEGURO

La portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, aplaudió la aprobación de la ley y garantizó la seguridad de los «más de 130.000 refugiados» que ya están en el país y de los que llegarán, que las autoridades están «impacientes» por recibir. «Hemos trabajado arduamente durante los últimos treinta años para hacer de Rwanda un país seguro para los ruandeses y no ruandeses por igual», aseguró, para reiterar el «compromiso» de Kigali con el acuerdo firmado con Londres, por el que Rwanda recibirá 150 millones de dólares.