El Parlamento italiano aprobó la ley que permite y financia la entrada de grupos antiabortistas en los consultorios familiares, centros del servicio nacional de salud de apoyo a las mujeres embarazadas, una medida del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que ha enfurecido a la oposición y a las asociaciones feministas, que la consideran un ataque frontal a la ley del aborto.

El Senado dio luz verde el martes, con 95 votos a favor, 68 en contra y una abstención, a un amplio decreto con partidas de los fondos europeos del Plan de Recuperación de la pandemia en el que se incluye la polémica iniciativa.

El texto, presentado como una moción al Gobierno, estrategia habitual en el Parlamento para acelerar la aprobación de leyes e impedir el examen de sus enmiendas, ya había recibido la semana pasada el visto bueno de la Cámara de los Diputados tras un intenso debate que se repitió el martes.

El Ejecutivo dice que la enmienda cumple con el objetivo original de la ley de 1978, según la cual las clínicas pueden colaborar con estos activistas para «apoyar la maternidad e informar mejor a las mujeres».

Para el Partido Demócrata, es un «grave ataque a la libertad de las mujeres» y es «un intento de boicotear la ley» que desde 1978 regula el aborto en Italia. El Movimiento Cinco Estrellas la calificó de «violencia perpetrada sobre la piel de las mujeres» y dijo que el Gobierno «oscurantista quiere hacer retroceder al país medio siglo».

El acceso al aborto seguro en Italia ya es difícil debido al gran número de médicos objetores.