Las aerolíneas y su «ecopostureo» para regatear las normas europeas

Al menos 20 aerolíneas están intentando sortear las normas europeas contra las emisiones de CO2 con maniobras como anunciar proyectos climáticos o combustibles sostenibles, y reclaman además a los usuarios tasas adicionales por ello. Bruselas amenaza por ahora con sanciones por ofrecer tasas extra para compensar estas emisiones.

La Comisión Europea y las autoridades del consumidor de la UE han advertido por carta a 20 aerolíneas de que pueden exponerse a sanciones por medidas «engañosas» como ofrecer la posibilidad de pagar tasas adicionales a los pasajeros para compensar las emisiones de CO2. El Ejecutivo comunitario tachó estas afirmaciones de «engañosas» para los consumidores por fomentar el «ecopostureo» o «greenwashing» e instó a las aerolíneas a adaptar sus prácticas a la legislación comunitaria en un plazo de 30 días.

Se trata de un problema creciente, como demuestra el informe del panel de expertos IPCC que lo situó como uno de los sectores más reacios a tomar medidas ante la crisis climática y constató que la mitad de las emisiones totales por las aerolíneas se ha situado en los últimos 20 años. La falta de implicación del sector ha sido denunciada por organizaciones como Greenpeace, que en 2022 ya delató estas vías de escape ahora investigadas oficialmente, tras analizar la actitud de siete aerolíneas europeas.

Bruselas ha decidido iniciar esta investigación preliminar tras recibir una alerta de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), liderada por la Dirección General de Inspección Económica de Bélgica, la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos, la Autoridad de Consumidores de Noruega y la Dirección General de Asuntos del Consumidor del Estado español. Estas autoridades han mostrado su preocupación en relación a las afirmaciones de las aerolíneas de que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo podrían compensarse mediante proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles sostenibles, a los que los consumidores podrían contribuir pagando tasas adicionales. A su juicio, estas acciones pueden considerarse «engañosas», prohibidas en virtud de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, mientras que las aerolíneas aún deben aclarar si tales afirmaciones pueden fundamentarse en pruebas científicas sólidas.

En concreto, tanto la Comisión como las autoridades del consumidor han identificado varios tipos de prácticas potencialmente engañosas por parte de 20 aerolíneas, tales como crear la impresión incorrecta de que pagar una tasa adicional para financiar proyectos climáticos con menor impacto ambiental o para apoyar el uso de combustibles de aviación alternativos puede reducir o contrarrestar completamente las emisiones de CO2. Otras prácticas son la utilización del término «combustibles de aviación sostenibles» (SAF) sin justificar claramente el impacto ambiental de dichos combustibles o de los términos «verde», «sostenible» o «responsable» de manera absoluta o utilizar otras afirmaciones verdes implícitas.

También se investigan la alegación de que la aerolínea está avanzando hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero sin compromisos ni objetivos claros y verificables o la presentación a los consumidores de una «calculadora» de emisiones de CO2 de un vuelo específico sin pruebas científicas suficientes sobre si dicho cálculo es confiable. Ahora, las empresas disponen de un plazo de 30 días para proporcionar una respuesta, en la que deben describir las medidas propuestas para abordar las preocupaciones que surgen de sus afirmaciones de «marketing ambiental» según la legislación del consumidor de la UE.

Una vez recibida su respuesta, la Comisión Europea organizará reuniones con las autoridades de representación de los consumidores y las compañías aéreas para discutir las soluciones propuestas por las empresas. La Comisión también supervisará la implementación de los cambios acordados pero, si las aerolíneas involucradas no toman las medidas necesarias para resolver las preocupaciones planteadas en la carta, las autoridades de consumidores pueden decidir tomar medidas coercitivas que pueden incluir sanciones económicas.