Lakua regula controles y la aplicación de sanciones en la cadena alimentaria

El Gobierno de Lakua aprobó ayer el decreto que regula los controles y la aplicación de sanciones en la cadena alimentaria. Según señaló la consejera Arantxa Tapia, el objetivo de la medida es «establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas que mitiguen las dificultades que afectan al sector primario».

Lakua aprobó ayer un decreto de desarrollo de la Ley estatal de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2021. Prevé la designación de una autoridad de ejecución y establece los mecanismos de inspección, control y sanción, que afectarán a toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final. Esta autoridad podrá aplicar sanciones que van desde los 200 euros hasta alcanzar el millón de euros.

El decreto fue presentado por la consejera de Desarrollo Económico en funciones, Arantxa Tapia, quien advirtió de que las sanciones se impondrán en situaciones en las que se esté pagando al productor por debajo del coste de producción, cuando se detecten contratos «no regularizados» o «abusivos», o se dé cuenta del incumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

ESTABLECER UN REEQUILIBRIO

Añadió que al igual que se comprobará que no se pague a los agricultores o ganaderos por debajo del coste de producción, se analizará si los precios finales que ha de pagar el consumidor «exceden de forma importante» el precio de coste. «Tiene que haber un margen de ganancia, evidentemente; pero que no sea excesivo», señaló.

Tapia destacó que la norma estatal y el decreto tienen como objetivo «establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas adicionales que mitiguen las dificultades que afectan a buena parte del sector primario».

Pretende, así, ayudar a poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, mejorar la información y la percepción que reciben las personas consumidoras de los productos agroalimentarios y del funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar la transparencia en las relaciones comerciales, y promover el establecimiento de contratos alimentarios ajustados a la ley.

BUENAS PRÁCTICAS

Para ello se ha creado un Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria, que tiene entre sus objetivos favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, y en particular, del sector primario.

Además, el decreto reconoce al ya existente Observatorio de la Cadena Alimentaria como órgano de seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los costes de los alimentos. Esta entidad tiene entre sus funciones divulgar el citado código, promoviendo adhesiones de entidades operadoras.

El observatorio también se dedicará a elaborar propuestas de actuación y recomendaciones para toda la cadena alimentaria, y a realizar el seguimiento y la evaluación de las prácticas comerciales empleadas por las entidades operadoras de la cadena alimentaria.

Se establece un plan anual de inspecciones y muestreos aleatorios, además de actuaciones cuando se reciban denuncias de irregularidades.

Las sanciones las marca la ley estatal y se dividen en leves, que están castigadas con entre 250 y 3.000 euros; graves, de 3.001 a 100.000 euros, y muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros. Cada grupo de sanciones tiene tres grados.

De esta manera, se confía en evitar prácticas abusivas y compras por debajo de los costes de producción, una cuestión que formaba parte de las demandas que los agricultores y ganaderos vascos visualizaron con varias tractoradas y movilizaciones a principios del pasado mes de marzo.