Un tribunal norirlandés anula partes de la ley británica antiinmigración

El Tribunal Superior de Irlanda del Norte dictaminó ayer que ciertas provisiones de la nueva y polémica ley antiinmigración de Gran Bretaña, aprobada en abril, que incluye la deportación a Rwanda de solicitantes de asilo que hayan entrado de forma irregular en el país, no pueden aplicarse en el norte de Irlanda porque violan los derechos humanos.

Según esta Corte, socavan las protecciones recogidas en el Acuerdo Marco de Windsor, firmado por Londres y Bruselas para diseñar los nuevos arreglos comerciales de la región tras el Brexit y que también contempla asuntos relacionados con los derechos humanos. En virtud de este pacto, el Gobierno británico se comprometió a mantener las disposiciones sobre derechos humanos que emanan del Acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en el norte de Irlanda.

El juez Michael Humphreys aseguró que «varios elementos» de la citada ley provocan una «disminución importante del derecho en cada una de las áreas invocadas por los solicitan- tes», al tiempo que es «incompatible» con la Convención Europea de Derechos Humanos.

Se refería a sendas denuncias presentadas por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda y por un solicitante de asilo iraní de 16 años que reside en el norte de la isla tras llegar a Inglaterra en patera desde en calidad de menor no acompañado.

El representante legal del Gobierno de Londres, Tony McGleenan, indicó que espera «instrucciones» para considerar la presentación de un recurso.