Contra la mercantilización de nuestras aulas

El Foro Mundial de la Educación (Education World Forum) se celebró en Londres entre el 19 y el 22 de mayo. Este Foro, surgido de una iniciativa privada, contó con el respaldo de Microsoft, HP, Google, NewGlobe, Pearson y McKinsey, entre otras grandes transnacionales, y también contó con la presencia de Luis Benveniste, director de Global de Educación del Banco Mundial.

Junto a ministros, ministras y altos representantes de ministerios de Educación de todo el planeta, sabemos que asistieron a este Foro, por parte del gobierno del Estado español, María del Ángel Muñoz, directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Andrés Contreras Serrano, subdirector de la Unidad de Acción Educativa Exterior del mismo Ministerio, pues así lo publicaron en sus redes sociales. En este foro se forjaron políticas y se hicieron alianzas decisivas, sin embargo, fue un evento que se celebró a puertas cerradas, abierto solo a representantes gubernamentales y del sector privado-empresarial. Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos educativos y demás agentes no fueron invitados y el evento tuvo poca o ninguna transparencia con respecto a sus participantes, agenda o resultados (en la web del Foro https://www.theewf.org/ prácticamente toda la información relativa al mismo, incluido su mero programa, solo está disponible para quienes habían sido «invitados»).

El mundo está en profunda crisis, con los conflictos extendiéndose, la desigualdad aumentando y las amenazas climáticas intensificándose. Entre todo esto, el derecho a la educación está cada vez más amenazado, ya que el gasto en educación pública se está reduciendo drásticamente en beneficio de iniciativas privadas y en detrimento de quienes ya se enfrentan a barreras y exclusión, como es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y del Estado español en general.

Necesitamos, más que nunca, administraciones y representantes públicos transparentes y responsables que den cuenta a la ciudadanía de sus políticas y decisiones. La exclusión del Foro de todos los agentes educativos, salvo los del sector privado-empresarial, actúa directamente en contra de este propósito, e incidir en estos encuentros opacos y elitistas tendrá consecuencias potencialmente nefastas para la implementación del derecho a la educación en el futuro. A modo de ejemplo: a partir de 2020 hemos visto como la adopción masiva de la tecnología en la educación se ha transformado en un negocio en auge que, si bien puede tener algún beneficio, también amenaza los derechos de las niñas y niños en materia de privacidad, seguridad y recopilación de datos. Así lo constató el informe de 2022 de Human Rights Watch: “¿Cómo se atreven a husmear en mi vida privada?”, y el informe de 2023 de seguimiento de la educación en el mundo, de la Unesco: “Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?”.

Si los gobiernos, con argumentos muchas veces cuestionables, deciden que el sector privado y las empresas participen en la educación, las discusiones y decisiones que se adopten, y la participación misma, deben ser transparentes, reguladas y sujetas al escrutinio y crítica pública; no pueden ocurrir a puertas cerradas y con el obsceno aval de quienes nos gobiernan, como ha sucedido en el Education World Forum.