La Audiencia Nacional (AN) española ha planteado consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a los 12 CDR acusados de «terrorismo», resistiéndose a aplicar directamente la amnistía. La AN acordó preguntar a las partes personadas en la causa si procede presentar una cuestión prejudicial al TJUE.

«Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo», expusieron en un auto muy crítico con la propia Ley de Amnistía los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal, con Alfonso Guevara al frente.

A su juicio, «existen serias dudas acerca de si la distinción entre terrorismo de ‘baja intensidad’ y resto de terrorismo, puede compaginarse con el Derecho de la Unión Europea». «No concretar de manera clara y rotunda qué actos con responsabilidad penal han de excluirse» supone «una merma importante para la seguridad jurídica», sostienen los magistrados, que reconocen que, desde el punto de vista «temporal y objetivo», los hechos que se imputan a los investigados entrarían en el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía.

Los jueces de la AN responden así a la petición de amnistiar a los 12 CDR que hicieron las defensas de los procesados y la Fiscalía, que hasta ese momento reclamaba penas de entre 8 y 27 años de cárcel por delitos de «terrorismo».

CARLES PUIGDEMONT

Por otro lado, el juez Joaquín Aguirre, quien se jactó de «cargarse» la Ley de Amnistía y al Gobierno español, se ha negado a amnistiar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa en el procés.

Pese a que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo pasado la causa sobre la supuesta injerencia rusa, porque la había prorrogado sin justificación, Aguirre abrió en junio una nueva pieza separada en la que apuntó entre otros contra los expresident Artur Mas y Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases y, tras rechazar que se les pueda aplicar la amnistía, ha pedido al Tribunal Supremo que les investigue por delitos de traición, malversación y organización criminal.

En otra decisión de signo contrario, la jueza del Supremo a cargo de la instrucción del «caso Tsunami Democràtic» acordó el archivo de la causa penal abierta por «terrorismo» contra Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg tras recibir el auto por el que el juez de la AN Manuel García Castellón archivó la causa, después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas en los últimos tres años.