José Antonio Sáenz de Santamaría, el general de bien poblado bigote y cara de muy mala leche que fue director general de la Guardia Civil, declaró que «Un terrorista muerto da satisfacción. Un terrorista vivo, y detenido, da información». ¿No será ese el motivo por el que, con sospechosa frecuencia, las Fuerzas de Seguridad mataran a todos los miembros de un comando excepto a uno? Todo indica que esa era la manera más eficaz que tenían de combinar satisfacción e información, ya que, a la hora de lograr el segundo objetivo, les bastaba con dejar vivo a uno. El primer eslabón con el que iniciar, torturando, la habitual cadena/redada de detenidos a quienes se aplicaba a su vez el tormento.

El excomandante Fernando San Agustín «Farlete» ha vuelto a mostrar cuán implicado está en el blanqueamiento de todas esas actuaciones, cuando ha dado una interpretación tan interesada como falsa de las mismas. En su libro de memorias, “La trastienda de los servicios de inteligencia”, pretende que se trataba de casos en los que uno de los miembros del comando hacía un trato. A cambio de información, que las Fuerzas de Seguridad obtenían sin usar para nada la tortura, le dejaban escapar al extranjero, salvándole así la vida.

En realidad, al miembro del comando que dejaban vivo lo sometían a todo tipo de torturas y terminaba entre rejas por largos años. Eso es lo que ocurrió al menos en cuatro ocasiones. Una vez con un comando de autónomos al que la Policía tendió una emboscada en el puerto de Pasaia, en 1984. En otras tres ocasiones, al localizar la Guardia Civil a comandos de tres militantes liberados de ETA (Hernani 1984, Irun 1989 y Barcelona 1991). Mató a dos de ellos y dejó vivo al tercero para torturarlo.

El caso de los militantes autónomos asesinados en el puerto de Pasaia se inició el 18 de marzo de 1984, día en el que la Policía detuvo en Donostia a Rosa Jimeno, compañera sentimental de un militante de los Comandos Autónomos refugiado en Iparralde. Mantuvieron en secreto su detención y, bajo intensas torturas, la obligaron a llamar a su domicilio diciendo que estaba ayudando a una amiga embarazada y debía permanecer junto a ella.

Siguieron sometiéndola a todo tipo de torturas físicas (golpes, bañera, electrodos, quirófano, bolsa...) y psicológicas (le dijeron que un sobrino suyo, de siete años, podía tener un «accidente» cuando se dirigía a la ikastola...). Fue así como consiguieron que llamara a Iparralde, para que su compañero y otros cuatro militantes se trasladaran en una zodiac por mar a Pasaia, donde ella les estaría esperando el 22 de marzo.

La Policía hizo creer a Rosa que se limitarían a detener a los cinco militantes. Sin embargo, lo que vio, horrorizada, fue que, al llegar estos al lugar acordado, la Policía acribilló a balazos a cuatro de ellos, entre los que se encontraba su compañero, y detuvo al quinto a quien pensaban arrancar no poca información torturándolo. Tras ello, Rosa Jimeno estuvo varios años en prisión y tuvo, encima, que soportar cómo un prestigioso periodista, Diego Carcedo, escribió enormes falacias sobre ella en la biografía autorizada del general Sáenz de Santamaría. Falacias como esta:

«Sobre la mujer cogida in fraganti cuando prestaba apoyo desde tierra a los terroristas, nunca volvió a tenerse noticias. Ahora se encuentra perfectamente instalada en una ciudad cuyo nombre, al igual que su propia identidad, solo conocen unas pocas personas, y goza de protección oficial. Era efectivamente miembro de los Comandos Autónomos pero actuaba como confidente de la Policía. Ella, una vasca por los cuatro costados conocida como Pilar, fue quien alertó a las fuerzas de seguridad de los detalles de la operación que se proponía llevar a cabo el talde liquidado y quien con sus señales a la lancha en la que llegaban los terroristas al puerto facilitó su liquidación».

Cuando asesinaron a los cuatro autónomos, las «fuentes antiterroristas» ya se encargaron de insinuar algo muy similar: «Un alto responsable de la policía antiterrorista comentaba recientemente a “El País” que se ‘estaba hablando en los periódicos demasiado de Rosa María Jimeno y que corría el riesgo de que se la pudieran picar sus propios compañeros’».

Como se ve, torturaron a Rosa hasta quebrarla y asesinaron a los militantes a los que se vio forzada a llamar. Además, la difamaron pretendiendo que era una confidente y que, al haber colaborado de modo voluntario con la Policía, corría el riesgo de ser asesinada por los propios autónomos. ¿Cabía mayor crueldad?

Según la versión oficial, los policías que dispararon contra los cuatro autónomos lo hicieron respondiendo a los disparos de dichos militantes, pero, en realidad, estos llevaban las armas en bolsas de las que jamás salieron. Los militantes recibieron 113 impactos de bala; muchas de ellas de posta, munición que tienen prohibido usar las Fuerzas de Seguridad.

En este caso, el Gobierno Vasco no se ha pronunciado con claridad. En otros, ha dejado bien claro su posicionamiento, como en el de Iñaki Iparragirre «Iparra», militante de ETA, de 18 años, muerto en 1974, en pleno franquismo. Según la versión oficial, al ir la Guardia Civil a detenerlo, se produjo un tiroteo y resultaron muertos uno de los guardias, el sargento Jerónimo Vera, e «Iparra».

Desde entonces, las autoridades afirman que, en ese caso, la única víctima fue el sargento de la Guardia Civil. Cuando ha habido muertos de ambas partes, solo los miembros de las Fuerzas de Seguridad han sido considerados víctimas por las autoridades. Y cuando los únicos muertos han sido militantes de ETA o autónomos tampoco han considerado que se produjera vulneración alguna del derecho a la vida de dichos militantes.

A lo sumo, se trataría de casos no del todo esclarecidos. Como si no estuviera clarísimo lo que se esconde tras esas «versiones oficiales» construidas para sostener un relato que quieren imponer a toda costa.

Un relato muy, muy parcial.