Régimen abierto: mejor para los reos y mejorable para las instituciones
Una paradoja muy potente ha aflorado en la segunda jornada del curso de verano «Humanizar la prisión»: los responsables penitenciarios admiten que el régimen abierto es mejor y las asociaciones que trabajan en ello también, pero estas últimas constatan que hay quienes prefieren permanecer en la cárcel por las dificultades del tránsito.
Las dos jornadas del curso “Humanizar la prisión” han constatado las bondades del régimen abierto, incluso para los responsables penitenciarios. Desde la directora de la cárcel de Basauri a Arrats Elkartea lo remarcaron ayer, pero con un matiz crudo pero real por parte de esta última: «Hay personas que prefieren estar en prisión porque lo encuentran un ‘espacio amigable’ frente a la mierda de sociedad exterior».
Este curso de verano de la UPV/EHU, “Humanizar la prisión, esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco”, incluyó en su segunda jornada sendos análisis del cumplimiento de condena en régimen cerrado y en régimen abierto, además de otro panel sobre «el tránsito a la libertad» y un informe sobre la «vivencia del personal penitenciario en tiempos de ETA».
La cuestión del régimen abierto adquiría especial atención por el impulso que Lakua le ha dado tras la asunción de la competencia en 2021. En la mesa se sentaron para abordarlo la directora de la cárcel de Basauri, Vicenta Alonso; el técnico jurídico del Servicio de Gestión Penitenciaria del Gobierno de Lakua, Javier Prado; Amaia Aguirregabiria, de Arrats Elkartea, que coordina recursos para penados; y Rosa María Martínez Casado, de la Direcció General d’Afers Penitenciaris de la Generalitat, que trasladó a Donostia el ejemplo catalán.
A la directora de Basauri le correspondió el papel de moderadora, por lo que no pudo aportar demasiado de su amplia experiencia, pero sí dejó claro que hay que apostar por este régimen abierto frente al modelo clásico cerrado, de celda pura y dura. «Se constata un mejor ajuste personal y social, y también un menor índice de reincidencia», certificó.
Vicenta Alonso destacó que ese proceso cuenta con un «tutelaje institucional». Y aseguró que en la CAV está funcionando positivamente por dos factores: «La implicación institucional y la existencia de un amplio tejido social destinado a colaborar. Porque esto solo se consigue con la implicación social».
La directora de Basauri lo ligó con la afirmación posterior de que los presos y presas «son personas que retornarán a la comunidad, y de todas y todos nosotros depende cómo. Se trata de que tengan una nueva vida sin nuevos delitos y nuevas victimizaciones».
EL SISTEMA DE LAKUA
“Donde viven los monstruos” fue el título, algo provocador, de la ponencia de Javier Prado, que quiso aludir con ello a la percepción de gran parte de la sociedad sobre los presos y presas. Recordó las bases que aprobó el Parlamento de Gasteiz en abril de 2021 para el ejercicio de la competencia por parte de Lakua, donde se definía la red de recursos que hace falta para «la acogida de las personas privadas de libertad» cuando empiezan a transitar hacia la calle. Se partía de una realidad previa sustentada sobre todo en entidades de carácter religioso. El sistema se ha ido conformando luego con pisos y centros de día. «Hay diferentes modelos, algunos se parecen más a una vivienda compartida, otras a un minihospital…», detalló.
El técnico del Servicio de Gestión Penitenciaria de Lakua remarcó que se trata de un proceso «muy integrado», con muchos agentes intervinientes, desde los profesionales de la prisión (educadores, sicólogos, administrativos…) a los servicios públicos (Osakidetza, servicios sociales…) pasando por el llamado tercer sector, las asociaciones que aportan experiencia y recursos.
En este momento hay plazas residenciales estables (75 en total para los tres herrialdes de la CAV) y otras para permisos. ¿Y qué pasa después? También dio datos: casi la mitad sale del sistema por haber concluido la condena y en torno al 30%, justo por lo contrario; se produce una regresión de grado.
LOS TESTIMONIOS DE ARRATS
Amaia Aguirregabiria, desde Arrats Elkartea, explicó cómo funcionan los centros de día, admitiendo de entrada que «nos ha costado a todos entenderlo, porque en Gipuzkoa al menos lo que se entendía era que un centro de día era un sitio al que ibas a ‘hacer cajitas’». «No somos el club de ganchillo de Portugalete, dicho con todo el respeto si es que existe», resumió.
Para hacer más explícita y directa la aportación de Arrats, emitió unos audios con testimonios de personas presas sobre qué les ha aportado estar en esta asociación. Aquí van unos pequeños extractos de diferentes voces: «He aprendido mucho y me han tratado con respeto»; «Me llevo bien con todos, estoy encantada, a mí me ha salvado la vida Arrats»; «No sé si lo hubiera conseguido yo solo, estar aquí me ha dado seguridad, te sientes ayudado»; «Me ha aportado tener algo que hacer, una responsabilidad, me han ofrecido terapia sicológica que me ha sido imprescindible»; «Me ha ayudado muchísimo el tema de la convivencia con los compañeros, la vida diaria con tanta gente»; «Tendría que haber menos cárcel y más centros como estos»; «Si tuviera alguien del Gobierno Vasco delante, le diría que se pongan las pilas, que no vale con la teoría, hace falta llevarlo a la práctica»…
Amaia Aguirregabiria retomó la palabra después para un aviso importante, una cuestión previa imprescindible: «Trabajamos con personas que vienen de la exclusión, por lo que cuando se habla de reinserción… en realidad nunca han estado insertadas». Y pasó a explicar una realidad que impactó al auditorio: «Hay personas que prefieren estar en prisión porque se ha convertido para ellas en un ‘ambiente amigable’» dadas las dificultades que encuentran en el exterior, «en esta mierda de sociedad que hemos creado. Esto es una tragedia social».
De hecho, afirmó que las personas que pasan a tercer grado casi siempre «tienen un bajón» que «suele producirse al mes o mes y medio», cuando perciben lo complejo que es el camino de retorno a la calle en lo que atañe a empleo, vivienda y otras cuestiones.
Como balance, la representante de Arrats Elkartea saludó que tras la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca «hay un modelo asentado», pero demandó profundizar en él y dotar de condiciones más dignas a estos centros, apuntando que no se puede poner en riesgo su supervivencia ni basarlo todo en la vocación de quienes los atienden.
EL MODELO CATALÁN
Rosa María Martínez lleva más de 33 años trabajando en ejecución penal y 15 de ellos, concretamente, en el modelo abierto. Explicó que en Catalunya hay cuatro «centros abiertos», uno por cada provincia, para las nueve cárceles existentes (y es que solamente en Barcelona hay seis penales). «Acercar a estas personas a su territorio es fundamental», apuntó.
Se cuenta también con centros educativos especiales, comunidades terapéuticas… «Obertalidad» es un neologismo con el que en Catalunya se remarca la apuesta por el régimen abierto. Tiene tres pilares: el aumento de clasificaciones en tercer grado, las estrategias progresivas de aproximación a la comunidad y el incremento de los recursos externos.
«Medio abierto es también cumplimiento de condena, este es nuestro mantra», remarcó Martínez para responder a las habituales interpretaciones distorsionadas: «Evidentemente, las características son diferentes, pero tenemos que insistir en ello, y no solo ante los medios de comunicación, sino ante nosotros mismos».
A partir de ahí, no mostró dudas de que «el medio abierto es lo mejor para la reinserción». En ello coincidió con el resto, y también con lo admitido el lunes por el hasta ahora responsable de la política de Lakua en esta materia, Jaime Tapia, y por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Según sus datos, las personas que cumplen condena en régimen cerrado reinciden en el 26% de los casos; en las de régimen abierto, esto cae al 10%. Así las cosas, Martínez abogó por impulsar la opción de que las penas se cumplan desde el inicio en régimen abierto, porque «dos meses en régimen cerrado ya pueden tener mucho impacto: te puedes quedar sin trabajo, sin pareja, sin poder pagar el alquiler…». Y si no se consigue tanto, reclamó al menos hacer ese inicio de camino a la calle «cuando toca», que por ley es habitualmente desde el primer cuarto de la condena.