El debate sobre menores que han migrado -o llegado- solos y se han visto bloqueados en los servicios asistenciales de los territorios de la Frontera Sur del Estado español por la «saturación» de sus recursos ha mantenido ocupadas a la opinión pública, política y mediática durante los meses estivales. Curiosamente, más que niños, niñas y adolescentes, el centro del debate parecía ser un pesado tocho de cromos a repartir entre las comunidades autónomas. Ainhoa Nadia Douhaibi no participa en ese juego y amplía la mirada.

Comencemos por lo más básico: dando por hecho que cada caso es singular, ¿cuáles son las condiciones globales, estructurales, que obligan a menores a migrar solos?

No podemos entender cómo se produce a nivel global lo que ahora se llama la migración de la infancia, es decir, chavales y chavalas menores de edad que migran sin adultos referentes a su cargo que les puedan proteger en un trayecto migratorio, sin una mirada más global. Esta migración es postcolonial y esto nos obliga a echar la mirada atrás y a comprender cómo los procesos de colonización, descolonización y neocolonialismo han producido situaciones de extrema violencia, de despojo, de ajustes económicos estructurales que producen que los lugares de donde vienen estos chavales y chavalas no sean lugares en los que consideren que se puedan quedar y tener una vida digna. La decisión de migrar muchas veces es forzada, porque esos lugares están atravesados de violencias propias de la fase actual del capitalismo.

Estos meses los casos de menores que migran solos han saltado varias veces a los medios de comunicación del Estado español, casi siempre en términos de colapso, de números, de reparto. ¿Esto hace que el foco deje de situarse en los derechos y el bienestar de estas personas, o en los motivos que los fuerzan a migrar, para desplazarse hacia un problema administrativo?

Cuando las administraciones se ponen a mirar la situación de estos chavales, el problema que encuentran ahora mismo en determinados territorios es que no hay recursos suficientes para atenderlos, según dicen. A esto se le llama nacionalismo metodológico, que consiste en gestionar solamente lo que sucede en el interior del Estado nacional para buscar las raíces y las soluciones del problema. Esto deja fuera del foco las relaciones que tienen los estados nacionales de destino con los lugares de origen de la chavalería, a pesar de que tienen responsabilidad en cómo se producen estas migraciones. Desplaza la posibilidad de búsqueda de soluciones a un aspecto mucho más cómodo y que les deja en un mejor lugar, pues además se pueden erigir como salvadores de unos chavales de cuya situación no se responsabilizan. Para mí, es una mirada interesada y políticamente poco responsable.

¿Cómo es que los derechos de la infancia desaparecen en estos casos?

Según el marco jurídico del Estado español y de sus territorios, hay obligación de acatar el Convenio de los Derechos de la Infancia, de los Derechos Humanos y la Ley de Protección de la Infancia, entre otros. Pero al tratarlos como menores migrantes, al ponerles ese apellido, lo que tiende a prevalecer es una concepción de “intrusos” sobre estos chavales. Se les despoja de su carácter de niños o adolescentes, por el que debieran ser de facto sujetos de derecho y, en vez de atenerse exclusivamente a los marcos de los derechos de la infancia, se les aplica una especie de ambigüedad que prima todo lo que conlleva la gestión del Estado, la gestión de los flujos migratorios y todas esas cuestiones que tienden a estar en juego cuando hablamos de política migratoria.

A priori, tratar a niños y niñas como delincuentes parece difícil de justificar ante la ciudadanía y, sin embargo, el discurso cala. ¿Es mérito exclusivo de la ultraderecha o también la izquierda contribuye a ello?

Por el racismo histórico en el Estado español, por cómo ha tratado a estos chavales desde el momento en que han ido llegando al sur de la frontera europea desde los años 90, y por cómo ha sido la política pública, llegamos a un punto en que no es nada difícil entender cómo es que la población no es capaz de ver a estos chavales como lo que son, chavales, y los ve como delincuentes, intrusos, criminales. Ha habido un trabajo importante por parte del racismo institucional con las medidas que se han adoptado para dispersarlos desde el primer momento en que llegaron, y también un trabajo importante de los medios de comunicación que han acompañado a estas prácticas institucionales. Todo ello ha construido en la imaginación social dominante la categoría del menor no acompañado, que tiene atribuciones que tienen poco o nada que ver con la idea de ser niños en situación de necesidad, violencia y explotación extrema.

La extrema derecha, desde 2019 más o menos, empezó a utilizarlos como gancho electoral para conseguir rédito político. Era un contexto de crisis económica fuerte, de inseguridad económica y de salud, y usaron el chivo expiatorio interno clásico: divide y vencerás. Por tanto, la extrema derecha los ha utilizado, pero esta categoría ha sido producida por la política estatal, autonómica y municipal durante los últimos 30 años. Si bien es verdad que la ultraderecha es mucho más desacomplejada a la hora de decir que estos chavales tienen que ser devueltos o encarcelados, incluso alguno habla de matarlos, la realidad es que de todo el espectro político ninguno se ha preocupado demasiado por ellos. La responsabilidad es compartida: si bien las formas con las que unos y otros hablan sobre estos chavales es diferente, el impacto que tienen sobre sus vidas muchas veces es similar.

Esto ha tenido varias consecuencias: por un lado, el discurso público y mediático, pero también el institucional, ha puesto el foco en la vida de estos chavales, interesándose por qué es lo que hacen o dejan de hacer, si funcionan o no los sistemas de protección, etcétera, y ha dejado fuera del foco a todas las instancias administrativas, institucionales, internacionales y supranacionales que no los han protegido durante todo este proceso. Así, acabamos teniendo una conversación sobre los chavales y no sobre los mecanismos del Estado que han producido la existencia misma de esta categoría. Si estos chavales y chavalas fueran considerados niños, no estarían bloqueados ni en Canarias, ni en Melilla, ni en ningún otro lugar, porque tendrían derecho a la libre movilidad que fijan los marcos jurídicos que tiene el Estado español en relación con la infancia y la adolescencia.

¿Cree que la radicalización del racismo escalará aún más?

Estamos en un contexto de derechización bastante bestia, y en estos contextos las violencias de todo tipo tienden a intensificarse, ya lo estamos viendo también a nivel europeo. No me gusta advenir cosas que no sé, pero está claro que, si no se pone atención en interrumpir las violencias que se producen a partir de los mecanismos estatales y administrativos, será más probable que sigan sucediéndose situaciones mucho más graves de violencia. Si mantenemos una política de laissez faire y solo vamos poniendo parches cuando las situaciones explotan, primero, nunca solucionaremos los problemas de raíz y, segundo, condenaremos a la chavalería a que sea profundamente, extremadamente y excepcionalmente violentada. Los estamos sometiendo a lo que la profesora y activista abolicionista Ruth Wilsom Gilmore define como muerte prematura, la muerte social, política y física si hablamos de trayectos migratorios.

El informe anual de SOS Racismo en el Estado español refiere 569 denuncias relacionadas con incidentes racistas en 2023, de los cuales un 34% está relacionado con el racismo institucional. A su vez, el racismo policial supone el 83% de los 215 casos de racismo institucional. ¿Hay que comenzar por el Estado para acabar con el racismo?

Si entendemos que uno de los mayores poderes del racismo estructural es el racismo institucional, esto implica asumir que, si queremos interrumpir, destruir, desmantelar el racismo, deberemos tener un conflicto con el Estado, sus instituciones, administraciones y funcionarios. Entonces, es necesario empezar no solo a pedir cuentas, sino a elaborar estrategias para producir contrapoder con el fin de cambiar la correlación de fuerzas entre quien tiene la capacidad de reproducir las mayores violencias racistas y las poblaciones que las están sufriendo.

Además, aunque el informe nos esté diciendo esto, hay que tener en cuenta que vivimos una situación en la cual la mayoría de las poblaciones afectadas por el racismo no confían en las instancias como la denuncia para poder hacer algo, por tanto, hay una infradenuncia bastante generalizada, así que la situación es mucho más grave y más extensa de lo que la mayoría de informes tienden a mostrar.

Con Salma Amazian, investigó sobre los protocolos para la identificación temprana de procesos de radicalización sobre todo de personas musulmanas en centros educativos de Catalunya, para la publicación «La radicalización del racismo. Islamofobia de estado y prevención antiterrorista». ¿Cómo funcionan estos protocolos? ¿Se aplican también en Euskal Herria?

Investigamos un protocolo que se aplica en centros educativos, pero ahora se ha expandido a instancias tutelares, servicios sociales, justicia juvenil… Euskal Herria tiene también su protocolo, lo aplica la Ertzaintza y los funcionarios o agentes que trabajan en los espacios convocados a vigilar a la población para ver si hay procesos de radicalización o extremismo violento. No es solamente un trabajo policial, este tipo de protocolos convoca a la población, sobre todo a los profesionales de la acción social, a participar en algo que es eminentemente policial, que sería la prevención del terrorismo. Son líneas que vienen determinadas en la estrategia nacional de seguridad del Estado y luego van aplicándose a partir de lo que se llama el modelo multiagencial, que implica la participación de varios agentes sociales.

Esto tiene varios efectos; por un lado, normaliza y legitima la idea de que en realidad dentro de la población musulmana hay un elemento a vigilar, por lo que securitiza una práctica religiosa. Por otro lado, le dice a la población, «vosotros también sois encargados de proteger a la población de estos otros». Esto produce una especie de estructuración de comunidades que se van a juntar a partir de un hecho racial, que es un hecho ficcioso, y puede insertar en el imaginario de estos profesionales ideas racistas en nombre de la seguridad y de la prevención.

¿Es posible crear una política de acogida real y digna mientras persistan las fronteras?

No. Los estados utilizan las fronteras en favor de las necesidades que tiene la economía política, entre otras cosas. Vivimos en un mundo global donde se producen relaciones Norte-Sur con economías de dependencia, y una de las funciones principales de las fronteras es mantener este orden mediante el cual la distribución de la riqueza es limitada. Abrir las fronteras sería un cambio drástico para el sistema capitalista y no podría seguir teniendo el control sobre la mano de obra.

Se puede plantear una política de acogida más amable y redistributiva dentro del Estado nacional, no tan regida por una lógica neoliberal de privatización de las ONG o de los recursos asistenciales, y esto se debe hacer. Pero las fronteras seguirán manteniendo estas relaciones de profunda desigualdad que producen el desplazamiento forzado. Por tanto, mientras sigan existiendo las fronteras, el ciclo de violencia no se parará nunca.