Villarruel quiere juzgar a militantes de los 70 mientras ampara a represores

En un homenaje a «víctimas del terrorismo» en el Senado -los 30.000 desaparecidos causados por la dictadura estaban excluidos-, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, ha prometido abrir las causas contra militantes de los 60 y 70. A ello se suma la visita de varios diputados a represores presos y los planes filtrados para liberarlos.

El negacionismo, los intentos por minimizar los crímenes de la dictadura de Jorge Rafael Videla y por reinstaurar la teoría de «los dos demonios» se ha instalado en la política y en el Gobierno de Argentina. A la visita de seis diputados a represores presos, se le suma la promesa de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de reabrir las causas contra militantes de la década de los 70 y los planes revelados por una diputada de Javier Milei para liberar a condenados por delitos de lesa humanidad y cerrar sumarios alegando el tiempo transcurrido.

En un homenaje el martes en la Cámara Alta a «víctimas del terrorismo» -los cerca de 30.000 desaparecidos de la dictadura estaban excluidos- la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con vínculos con militares, afirmó que «reabrirán todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió de hacer hace más de 20 años. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia».

Villarruel defendió que «todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación». Acusó a los expresidentes Néstor Kirchner -quien derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y ordenó retirar el retrato de Videla del Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación- y a Cristina Fernández de construir «una muralla de oscuridad pestilente para proteger y garantizar la impunidad de los represores de actos terroristas que intentaron que flameara un trapo rojo ajeno a lo que Argentina es, fue y será».

Estas declaraciones de Villarruel se producen a un poco más de un mes de la visita que seis diputados realizaron en la cárcel de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad. El encuentro, el 11 de julio, quedó inmortalizado en una fotografía de familia.

MADRES ARROJADAS AL MAR

Entre los condenados que visitaron está el exmarine de la ESMA Alredo Astiz, apodado el «ángel rubio», el «ángel de la muerte» o «Gustavo niño», responsable del secuestro, tortura y desaparición de tres madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete activistas de derechos humanos tras infiltrarse en la incipiente asociación haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Todos ellos fueron arrojados al río o al mar en los «vuelos de la muerte».

Una de esas diputadas, Lourdes Arrieta, de la Libertad Avanza de Javier Milei, desveló un supuesto proyecto de ley para dejarlos en libertad. Sostuvo que le dijeron que era «una visita de carácter humanitario e institucional» y que «nunca» pensó que eran «detenidos por crímenes de lesa humanidad».

Según el borrador difundido por ella misma en su cuenta oficial de X, el texto estipula que «transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo, se considerará inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos».

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos del Congreso analizó el miércoles una posible sanción a los seis diputados. A la sesión acudieron referentes de derechos humanos, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Abuelas de Plaza de Mayo.

Uno de los testimonios más emotivos fue el del nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, quien leyó un comunicado en nombre de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. «Mis padres fueron secuestrados el 6 octubre de 1978, mi madre cursaba el octavo mes de embarazo, yo estaba en su vientre cuando fuimos secuestrados. Fuimos llevados a un centro a una cuadras de la plaza de Morón. Ahí mis padres fueron salvajemente torturados. Después, cuando el parto se acercó, mi mamá es traslada a la ESMA y ahí soy apropiado. Creo que pasé solo tres días con mi mamá. No guardo un solo recuerdo de ella. No se como es el sonido de su risa. No recuerdo una sola caricia», resaltó.

En el comunicado, Abuelas consideró «doloroso y preocupante que la vicepresidenta dé vuelta a las cosas y hable de impunidad. Los que gozaron de impunidad durante casi 30 años fueron los responsables de los más de 800 centros clandestinos que funcionaron en el país, los torturadores y ejecutores de órdenes de los delitos más aberrantes».

«De haber cometido algún delito, nuestros hijas e hijos debieron ser juzgados, no desaparecidos», remarcó. «La visita de estos seis diputados no puede quedar en el olvido. Deben pensarse las estrategias para que el negacionismo no avance en Argentina», concluyó Abuelas en su comunicado.