El Gobierno español aprobó ayer en Consejo de Ministros un real decreto con el que se pretende «dotar de seguridad y aumentar los derechos» de las 367.900 personas que trabajan como empleadas del hogar -más de un 95% de ellas son mujeres-, y que incluye, entre otros aspectos, los reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación durante la jornada laboral por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).

«Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos», enfatizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en rueda de prensa.

Díaz destacó que este decreto «salda una deuda histórica» con este colectivo y dio las «gracias» a las trabajadoras del hogar porque «son ellas las que han conseguido» este avance, debido a que «llevan muchos años luchando».

Esta nueva norma, precisó, beneficiará a las 367.900 personas empleadas del hogar, de las cuales más del 95% son mujeres, la mayoría de ellas, de entre 40 y 50 años de edad, y un 45% migrantes.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Entre los nuevos derechos que tendrán a partir de ahora, las personas trabajadoras del hogar podrán realizarse reconocimientos médicos periódicos gratuitos, un punto que, según afrimó la vicepresidenta segunda, es «clave» y el que «más trabajo» les ha dado.

«Estas mujeres son las que cuidan, las que hacen las tareas dentro del hogar, las que se enferman, pero no tenían reconocimientos médicos», precisó Díaz.

Además, quiso transmitir «toda la tranquilidad» a las familias y personas empleadoras, precisando que esto no supondrá carga alguna, ya que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de estos reconocimientos gratuitos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

«Nadie va a ver incrementados sus gastos, no van a tener, si no quieren hacerlo. Si lo quieren hacer, podrían hacerlo, formalizar un contrato de seguro o concertar con las entidades, las mutuas, pero si no quieren, van a tener derecho en los servicios públicos».

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Además, se ofrecerá una herramienta gratuita, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos. Igualmente, el INSST redactará una guía para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico y contarán con una herramienta de formación gratuita.

«Ahora les damos el derecho a la formación y podrán ser formadas, como el resto de los trabajadores, durante su jornada laboral y si no lo fuera, como pasa con los restantes trabajadores, se compensará con tiempo de descanso», puntualizó Díaz.

Asimismo, se elaborará un protocolo para casos de acoso. «Formalizaremos un protocolo de acoso y violencia en el hogar. Por supuesto, todas estas herramientas, insisto, no van a irrogar ningún coste a las familias y van a ser completamente gratuitas».

ATH-ELE afirma que el decreto «ignora la realidad del sector»

Tras conocer el contenido del real decreto aprobado por el Gobierno de Madrid, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) admitió que esta normativa contiene medidas positivas, pero remarcó que «ignora la realidad del sector», comenzando por el hecho de que «un 26% de las trabajadoras internas que están cuidando no tiene permiso de trabajo», por lo que «no se les va a aplicar».

ATH-ELE apuntó que «no puede garantizarse» la prevención de riesgos cuando en este sector se establece «una jornada máxima de 60 horas semanales», sin concretar aspectos como el descanso diario o el descanso entre jornadas «ya que en el 46% de los casos las trabajadoras se tienen que levantar a atender a la persona dos y tres veces por noche».

Otros aspectos criticados por esta asociación son la «falta de actuación» de la Inspección de Trabajo, que el servicio de salud «sistemáticamente ignora la figura del accidente laboral en hogar», las trabas burocráticas ante las administraciones públicas o que se deje en manos de los empleadores «la responsabilidad de la evaluación de riesgos». GARA