EsadeEcPol y Oxfam Intermón publicaron ayer un informe sobre el bono social eléctrico en el Estado español que remarca una situación ya advertida antes por otros agentes: su eficacia real está muy lejos de las potencialidades.

La tasa de cobertura de la ayuda prestada por el Ministerio para la Transición Ecológica es del 24,5%, según datos de 2022, lo que quiere decir que casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales no reciben el bono social eléctrico. En contraste, uno de cada tres hogares que reciben el bono tiene ingresos medio-altos, según el informe.

El estudio demuestra que el factor más negativo en la probabilidad de recibir el bono es que haya algún miembro de la familia nacido en otro Estado, lo que reduce en un 12% la posibilidad de obtener el descuento en la factura eléctrica.

En el otro extremo, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, incrementando la probabilidad de recibir el bono en un 27%. Esto se traduce en que el 60% de las familias numerosas de ingreso medio-alto reciben el bono. Según el informe, estar en un lugar de renta baja solo incrementa la posibilidad de recibirlo en un 4%.

La conclusión del informe es que existen problemas de diseño que limitan que la medida tenga el alcance deseado en origen. EsadeEcPol y Oxfam Intermón proponen una serie de medidas para mejorar su eficiencia y lograr que lo reciba quien lo necesite.

Entre estas iniciativas planteadas se encuentra la de eliminar las barreras de acceso y agilizar la concesión del bono, permitir que se combine con otros apoyos como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reducir las barreras de entrada, de manera que sea accesible y conocido por las familias potencialmente beneficiarias. También abogan por reconsiderar los criterios de renta para asegurar que lo reciben las familias numerosas que claramente lo necesitan.

«El diseño del bono social eléctrico dificulta que llegue a quien más lo necesita. Es necesario armonizar el sistema de protección social para asegurar que contribuye a reducir la pobreza», declaró Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

OTROS CAMBIOS NECESARIOS

Además, el director adjunto de EsadeEcPol, Jorge Galindo, añadió que «no solo son las políticas de ingresos las que ayudan a reducir la pobreza energética: hay que asegurar que las medidas destinadas a la mejora de la eficiencia energética, como es la rehabilitación de edificios, estén disponibles y accesibles precisamente para hogares vulnerables».

Estos datos de baja cobertura del bono social eléctrico se dan en un contexto marcado por la subida de precios energéticos, en el que uno de cada cinco hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar durante 2023, la cifra más alta de la Unión Europea junto a Portugal, y en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. La cantidad de hogares que consumen menos energía de la necesaria por no disponer de recursos económicos para afrontar el gasto se ha duplicado entre 2020 y 2022.