La Fiscalía pide para Villar 15 años y medio por corrupción

Se ha investigado si el expresidente de la Federación Española de Fútbol y el exvicepresidente Juan Padró se aprovecharon de sus cargos para beneficiar a personas de su entorno.

La Fiscalía solicita 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por presunta corrupción en el caso “Soule”, en el que se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones de euros.

Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional su escrito de acusación contra ocho implicados en este caso, entre los que también figura el hijo del expresidente federativo, Gorka, para quien pide 7 años de prisión. Solicita también que ambos indemnicen solidariamente a la RFEF con 3,8 millones de euros.

A Villar, que estuvo unos días en prisión preventiva por este caso, le acusa de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y reclama que se le imponga una multa de cerca de un millón de euros.

UNA DÉCADA DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

En esta causa, abierta en 2017, todavía con Villar al frente de la RFEF (1988-2017), se ha investigado si el expresidente y el exvicepresidente Juan Padrón se aprovecharon de sus cargos entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas de su entorno con contratos perjudiciales para la Federación o mediante el pago a su cargo de retribuciones que no se correspondían con servicio alguno. Causaron un agujero a la Federación de 4.514.441,72 euros.

Esa es la tesis que expone Anticorrupción en su escrito, donde destaca la celebración de partidos amistosos en perjuicio de la RFEF para conseguir contratos en favor del hijo de Villar y de su empresa Sport Advisers -también acusada-, que se habrían embolsado de este modo 366.583 euros.

La Fiscalía acusa también a Villar por el pago de retribuciones por servicios no prestados a personas de su confianza por, al menos, 684.441 euros. Para ello se simulaba la prestación de servicios a favor de la Federación o incluso la jubilación en 2009 de la secretaria de Villar, pese a que continuó «prestando los mismos servicios hasta septiembre de 2017». El objetivo era eludir una normativa interna y recibir un premio de jubilación y un complemento mensual todos esos años.

Según Fiscalía, se eludieron «todos los órganos competentes de la RFEF» y Villar se atribuyó presuntamente «la facultad de decidir» los rivales en partidos amistosos.