Seis años de cárcel por hacer política. En total, 216 años de prisión por actividades como realizar reuniones, ofrecer ruedas de prensa u organizar manifestaciones, que son las únicas que se han analizado durante los tres meses que se ha alargado el macroproceso. Esa es la petición que el fiscal de la Audiencia Nacional, Luis Barroso, mantiene para los 36 jóvenes independentistas que están siendo juzgados en el tribunal especial español desde el pasado 14 de octubre. En la sesión de ayer, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. Ninguno de ellos varió su postura. El Ministerio Público, que responde a órdenes del Gobierno, que es quien nombra al Fiscal General del Estado, pidió seis años para cada uno de los imputados. La acusación popular, que en este proceso la ejerce Dignidad y Justicia, solicita penas de entre 10 y 12 años. Mientras, la defensa aboga por la libre absolución de todos los imputados. El juicio proseguirá con los últimos alegatos (acusaciones, defensa y última palabra de acusados) los próximos días 29 y 30 de enero.

Desde su inicio, la tortura denunciada por 32 de los jóvenes ha marcado la evolución del procedimiento. Y así fue también ayer, durante el turno de las pruebas periciales solicitadas por la defensa. Ocho sicólogos, entre quienes se encontraban María Ángeles Plaza (experta en asistencia a refugiados víctimas de malos tratos y que dirige un postgrado sobre esta cuestión en la Universidad Complutense de Madrid) y Miguel Ángel Navarro (sicólogo especializado en salud mental en situaciones de violencia politica y catástrofes), explicaron la aplicación del protocolo de Estambul a diez de los jóvenes que denunciaron haber sido maltratados en comisaría. Concretamente a Maialen Eldua, Garbiñe Urra, Jon Anda, Haritz Petralanda, Eñaut Aiartzaguena, Nahaia Aguado, Mikel Totorika, Xabier De la Maza e Ibai Estebaiarlanda. Según explicaron ayer al tribunal, esta técnica, que tiene el aval del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU desde 2000, sirve como herramienta científica para cotejar conforme a criterios clínicos la credibilidad de los testimonios.

Alto grado de credibilidad

La conclusión de los peritos fue clara: todos los relatos tienen un alto grado de veracidad, por lo que puede afirmarse que, tal y como denunciaron ellos ante el mismo tribunal, fueron maltratados en el período de incomunicación. Para llegar a este planteamiento, los ocho sicólogos explicaron ayer su metodología: diversas entrevistas con los afectados, así como la evaluación de consecuencias, físicas y psíquicas, y del contexto.

En su intervención hicieron hincapié en los efectos de la tortura durante el período de detención (en especial, la «quiebra de las defensas») que pueden llevar a firmar inculpaciones con el objetivo de huir de la situación traumática. Una hipótesis más que probable en este caso, ya que estas declaraciones son una de las principales pruebas a las que se aferra el fiscal. El Ministerio Público es consciente de la relevancia de este testimonio (no se puede olvidar que incluso el tribunal permitió que los jóvenes no estuviesen presentes en la sala durante la declaración de los policías a los que acusan de maltratarles). Por eso, ayer intentó restar valor a los peritos preguntándoles incluso si consideraban que el Estado español es un espacio de violación de Derechos Humanos. «No prejuzgamos», fue la respuesta pericial, que negó tener como objetivo desvirtuar las declaraciones policiales, reiterando su interés por «documentar» lo ocurrido. El representante del Ministerio Público también apuntó la posibilidad de que el hecho traumático fuese la detención y no las torturas. Una posibilidad refutada por los sicólogos, que coincidieron a que las secuelas (como el estrés postraumático) es producto de lo que ocurrió en comisaría.

Pese a las denuncias, el fiscal sigue manteniendo una elevadísima petición de cárcel, que ayer fue calificada de «vergonzosa» por la defensa.